J. M. Serrano

El Tribunal de Cuentas denuncia falta de transparencia en el cobro de multas en la Jefatura de Tráfico

El organismo no tiene constancia de que las sanciones se invirtieran en seguridad vial, como dice la normativa

EP
MadridActualizado:

El Tribunal de Cuentas ha denunciado este lunes en el Congreso falta de transparencia por parte de la Jefatura Central de Tráfico en la gestión y cobro de tasas y multas, durante el ejercicio de 2015 y le recomienza que analice y actúe para solucionar este problema.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con este organismo, su presidenta, María José de la Fuente, ha explicado que, durante la fiscalización realizada, se observa que la contabilización de los ingresos por multas se producía una vez que estas habían sido abonadas, lo que, según ha advertido, no se ajusta al principio de devengo.

«Esto ha dado lugar a que los derechos de cobro del organismo derivados de la imposición de sanciones económicas se encontraran infravalorados» al terminar 2015, en una cuantía que la Jefatura de Tráfico cuantifica en 524 millones de euros y que el Tribunal «no ha podido contrastar», no dejándose, además, «constancia contable del importe de las multas firmes pendientes de cobro».

El Tribunal apunta que, por el contrario, el criterio utilizado para la contabilización de las tasas, determinó que en la liquidación del presupuesto de ese año figuraran derechos pendientes de cobro por importe de 56 millones de euros, no soportados por relaciones individualizadas de tasas.

Esta falta de información también se visualiza en relación al superávit que el organismo de Tráfico cuantificó en 2015 por la suma de ingresos de multas y tasas y que se cifró en 295 millones de euros.

«No se ha podido determinar por el Tribunal de Cuentas si el referido superávit estuvo motivado por el exceso de recaudación de las tasas con respecto al coste del servicio, en cuyo caso no se ajustaría a la ley de tasas (...); o si se debió a que no se destinó íntegramente el importe de las multas recaudadas a la financiación de actuaciones en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas, como dispone la normativa», ha apuntado De la Fuente.

Mayor seguimiento

Precisamente, en relación a expedientes sancionadores, la presidenta del Tribunal ha señalado que, en 2015, Tráfico gestionó un total de 7 millones de multas cuyo importe total ascendía a 1.226 millones de euros. Sin embargo, de dicha deuda sólo fue recaudado un 32%, mientras que un 25% se dio de baja por diversos motivos y el 43% aún quedaba pendiente de pago al terminar el año.

En este sentido, el tribunal señala «deficiencias» en el sistema de seguimiento de sanciones no cobradas, un problema por el que se ha interesado el portavoz de Ciudadanos en esta comisión debate, Saúl Ramírez, quien ha preguntado a De la Fuente por posibles acciones para solucionar esta situación. «Garantizar el cobro en periodo voluntario mediante un mayor rigor en su seguimiento», ha respondido la presidenta del órgano fiscalizador.

También ha habido problemas, según apunta el informe, con una de las cuentas bancarias de recaudación, ya que no contaba con la autorización de la Agencia Tributaria y su funcionamiento no se ajustaba a lo establecido en la norma aplicable.

A pesar de esta exposición, tanto PSOE como PP han coincidido en que la situación de la Jefatura Central no es tan «caótica» como parece. El portavoz socialista, Antonio Hurtado dice que «no ve la situación de descontrol» que se desprende del informe del tribunal pero, aún así, ha señalado que el nuevo Gobierno ha apostado por mejorar la gestión presupuestaria de forma generalizada. Mientras, su homólogo del PP, Juan Juncal, ha recordado que la Jefatura de Tráfico tiene un volumen de expedientes «difícil de gestionar».

El informe también recomienda al Gobierno que regule, por norma con rango de ley, la Jefatura Central de Tráfico delimitando su situación jurídica respecto a la Dirección General de Tráfico (DGT); que se realicen los estudios necesarios sobre el coste de los servicios gravados por las tasas a fin de garantizar el principio de equivalencia; o mejorar el sistema de control sobre las tasas por anotación del resultado de la inspección técnica en el registro de vehículos de la DGT y establecer sistemas que permitan usar la información disponible en el Registro de vehículos, entre otras medidas.