El Tribunal Constitucional portugués tumba el acceso a los mensajes privados sin permiso de un juez

Los magistrados tomaron la decisión por unanimidad al entender que peligraban las garantías constitucionales en cualquier proceso penal, pese a que su aprobación se había consumado en el Parlamento por iniciativa de los socialistas.

De acuerdo con las palabras del presidente del Constitucional, Joao Caupers , los jueces argumentan que «la norma desembocaría en una restricción de los derechos fundamentales a la inviolabilidad de la correspondencia, de las comunicaciones y de la protección de datos personales en el ámbito de la utilización de la informática, debido a que son manifestaciones específicas del derecho a la reserva de la intimidad de la vida privada, en términos lesivos del principio de personalidad».

Las conclusiones fueron redactadas por la consejer a Mariana Canotilho y rubricadas por los siete jueces que integran el primer turno en el periodovacacional. Y se puso también en la picota una «violación del principio de reserva del juez y de las garantías constitucionales de la defensa».

Ha transcurrido menos de un mes desde que Rebelo de Sousa envió este diploma al Tribunal Constitucional, que le ha dado salida incluso en pleno agosto ya que consideraba que la decisión no podía esperar. La entrega procuraba una fiscalización preventiva con el objetivo de «clarificar una materia tan controvertida sobre el correo electrónico».

En su petición, el presidente de la República precisaba que «el decreto en causa procede a una transposición de una directiva europea», pero con una salvedad importante. «Como se admite en la exposición de motivos de la propuesta de ley, el legislador aprovechó la oportunidad para alterar las normas no directamente establecidas en la propia directiva».

Es decir, una cosa es la ley del cibercrimen en términos generales y otra, muy distinta, el añadido del Gobierno socialista referente a la lectura arbitraria de los mensajes. Ahí es donde incidió Marcelo Rebelo de Sousa y donde ha sentado jurisprudencia la alta instancia portuguesa.

De cualquier forma, el dictamen del Constitucional coincide con el rechazo expresado igualmente por la Comisión Nacional de Protección de Datos, que se pronunció recientemente con este mismo propósito y, aunque no era vinculante, sí ha tenido una influencia en el veredicto, pues proviene de una institución directamente implicada en el asunto.