Treinta años del primer juicio de la colza y las víctimas aún piden reparación

La plataforma «Seguimos viviendo», que agrupa a las víctimas, se reúne hoy con diputados del grupo socialista y de Podemos . El PSOE presentó a comienzos de mes una proposición no de ley para reactivar el tratamiento que se da a los afectados, pues miles de ellos siguen con secuelas.

Y al tiempo, las víctimas iniciarán una campaña para pedir a la Audiencia Nacional los expedientes personales de cada una , con sus informes médicos completos.

Todo ello, cuando se cumplen treinta años del comienzo del juicio en el auditorio de la Casa de Campo de Madrid a los 38 aceiteros procesados por la Audiencia Nacional (1987) . Las sesiones duraron hasta el 28 de junio de 1988 y la sentencia no se dictó hasta el 20 de mayo de 1989.

Seis años antes del comienzo del juicio, en mayo de 1981, había fallecido el niño Jaime Vaquero , la primera víctima de un envenenamiento que afectó a unas 20.000 personas.

Pasaron por el tribunal 1.500 testigos y 200 peritos y el fiscal solicitó más de 60.000 años para los acusados principales en el que se convirtió en el juicio más largo de la historia en España.

La Audiencia condenó a 13 aceiteros a penas de entre seis y veinte años de cárcel y estableció que no hubo homicidios sino delito contra la salud pública e imprudencia temeraria.

El tribunal determinó que 330 personas murieron por el SAT , frente a los 605 contabilizados oficialmente, y estableció unas indemnizaciones de 15 millones de pesetas (90.151 euros) para los herederos por persona fallecida, y de 150.000 pesetas (901 euros) a 90 millones (540.910 euros) para los afectados, según su sintomatología y grado de invalidez.

Pero no fue, ni mucho menos, el final del proceso judicial. El 28 de abril de 1992, el T ribunal Supremo decidió aumentar, hasta en cincuenta años, las penas impuestas a los principales responsables del envenenamiento. Estableció que, si no en homicidios, las personas juzgadas sí que habían incurrido en dolo eventual respecto de las muertes y las lesiones porque no ignoraban el riesgo que llevaba emparejado su acción.

Aumentó ligeramente el número de personas envenenadas , al reconocer como enfermos a los que la Audiencia Nacional puso bajo el epígrafe de «dudosos» y confirmó las indemnizaciones, así como la responsabilidad civil de los condenados, que ascendía a 540.000 millones de pesetas (3.253.012 euros) .

Sin embargo, ni las indemnizaciones ni la responsabilidad civil pudieron ser cobradas, pues los empresarios se declararon insolventes .

Pero tampoco terminó ahí el camino judicial, dado que el juez Carlos Bueren abrió un nuevo sumario para procesar a altos cargos de la administración . Siete fueron a juicio y solo fue condenado Manuel Hernández Bolaños, exdirector del Laboratorio Central de Aduanas, a veinte mil pesetas de multa por imprudencia simple sin infracción de reglamentos con resultado de mal a personas.

Se le obligaba a indemnizar a las víctimas, pero sólo en la cuota del 50% de las sumas fijadas en la sentencia de 1989 y, eso sí, se determinaba por primera vez que el Estado, como responsable civil subsidiario, debía abonar la indemnización impuesta a Hernández Bolaños en caso de que éste no pagara, descontadas las cantidades ya abonadas, cifradas en unos 110.000 millones de pesetas.

Pero también en este caso el Supremo corrigió a la Audiencia Nacional y, no solo elevó la pena a Manuel Hernández Bolaños a seis meses de prisión por imprudencia temeraria, sino que condenó a la misma pena para Federico Povedano Alonso, absuelto por la Audiencia.

Asimismo, duplicó la cuantía de las indemnizaciones , que quedaron establecidas en torno a los 540.000 millones de pesetas (3.253.012 euros), y condenó al Estado a pagarlas en su totalidad como responsable civil subsidiario, a la vez que ampliaba la lista de los beneficiarios a todos los afectados y no sólo a aquellos personados en la causa.

En el año 2000, el Ministerio de Justicia creó un equipo formado por jueces para decidir cuánto pagar a cada afectado. En 2006 se habían reconocido 2.374 millones de euros en autos de liquidación.