Los trans accederán al aborto y la reproducción asistida dentro de la cartera pública de servicios

Sin citarla, Carmen Calvo , exministra de Igualdad y vicepresidenta, personifica esa corriente opositora a la ley que ultima Montero y será precisamente quien pula el contenido del borrador junto a dos departamentos, también en manos del PSOE, los ministerios de Justicia y Sanidad. Entre las novedades de ese texto aún por supervisar figura el acceso de las personas trans con capacidad de gestar a las técnicas de reproducción asistida, el reconocimiento de sus parejas o cónyuges no gestantes de la misma forma que se realiza para el marido de una mujer que tiene un hijo mediante estas técnicas y el acceso también a la interrupción del embarazo si así lo desea la persona transexual.

«Ya sucede. Esto ya existe, no tenemos que rasgarnos las vestiduras, pero los hombres de sexo legal que ya se han quedado embarazados se encuentran con un problema muy gordo cuando van al sistema de salud. Urólogos, ginecólogos... estos trans se enfrentan a una montaña de incomprensión y vejaciones. Los casos son estrambóticos y sufren lo indecible. Lo que dice la ley es que una chica trans o un chico trans va a tener acceso a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones que cualquier otro muchacho o muchacha. La ley establece que, antes de iniciar un tratamiento hormonal para su transición de género, la persona trans puede congelar sus células reproductivas o su tejido gonadal y recuperarlo en el futuro como cualquier otra persona», explica la diputada socialista, que aboga por eliminar los prejuicios que aún existen en estos casos. «Y lo mismo para un chico trans con útero que se queda embarazado y quiere abortar», reproduce Antonelli.

La «ley Trans» también regula la capacidad de que el cambio de sexo en el registro «no precise de más requisitos que la declaración expresa» del interesado a partir de los 16 años; recoge la opción de no inscribirse como hombre o mujer en los registros ( aquellas personas que se definen como no binarias ) y se «omita la mención relativa al sexo» en documentos como el DNI; que los padres de niños intersexuales (con rasgos genitales de ambos sexos) tengan un año de plazo antes de tener que categorizar a su recién nacido; y la posibilidad de que un menor, a partir de los 16 años, pueda decidir con libertad su género, sin consentimiento paterno, algo que sí se exigirá para los menores de 12 a 16 años. Los jóvenes a partir de 16 años no necesitarán los informes preceptivos hasta el momento que acrediten durante dos años su petición de transición de género.

Precisamente todos estos son aspectos que no comparten ni Calvo ni otros altos cargos socialistas, como José Luis Ábalos , que firmaron el pasado junio un argumentario en contra del «borrado de las mujeres» que suponen leyes como ésta, ya que creen que se ofrecen pocas garantías jurídicas a la mujer, cuando se aboga por la «autodeterminación de género».

Además, según fuentes consultadas en el Gobierno, Calvo, que tuvo acceso al contenido del borrador en una reunión con la ministra Montero la semana pasada, vería ahora como una maniobra de presión que desde Podemos s e filtren los contenidos de dos leyes, la LGTBI y Trans, que Montero pretende lleguen de forma conjunta al Consejo de Ministros este mismo mes de febrero. Antes, debería pasar la supervisión de la Comisión de subsecretarios y secretarios de Estado que preside la propia Carmen Calvo. Para Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal del colectivo (Felgtb) , no va a ser tan optimista el calendario. «Nos daríamos con un canto en los dientes si llega a su tramitación parlamentaria para el Orgullo», en julio de 2021. Sangil opina que «esta legislación no terminará con las discriminaciones que sufrimos a diarios las personas LGTBI, pero nos dará herramientas para combatirlas», dice. En conversación con este diario, Sangil señala que aunque su entidad aún revisa, punto por punto, las bases de dos proyectos legislativos que «son sólidos», sí detectan que podría quedarse corto en lo que a derechos laborales se refiere. De hecho, Sangil pide más incentivos para la contratación de personas transexuales, una suerte de discriminación positiva , que aún pende de la decisión del Ministerio de Trabajo, tal y como les trasladó a las asociaciones del colectivo la ministra Irene Montero el pasado lunes, en un encuentro telemático.

Mientras, Antonelli recuerda a su partido que ella no se ha movido «un ápice de la postura inicial , al tiempo que otros se desligan del ADN socialista, porque –trae a la memoria– fue el propio presidente Pedro Sánchez, en su investidura y también al sellar el pacto del gobierno de coalición, ratificó los tres compromisos: una ley de igualdad de trato y no discriminación que no se profundiza en el colectivo trans, así que es compatible con una ley para estas personas y una tercera ley, la LGTBI, para el resto de bisexuales, gais, lesbianas e intersexuales». Cabe recordar que el PSOE registró el pasado mes de enero en el Congreso de los Diputados la llamada «ley Zerolo» , lo que protagonizó otro choque airado con Igualdad que ya redactaba en paralelo las otras dos normas.