La trama del atún contaba con inspectores de Sanidad que les avisaban de los controles

Los funcionarios, que no aparecen identificados con nombre y apellidos en los documentos que ha podico consultar ABC , avisaban a determinados empresarios del atún sobre las próximas inspecciones (se entiende que a cambio de sobornos). No solo eso, sino que también los integrantes de la trama preparan muestras de atún en excelentes condiciones y las entregaban al veterinario de turno, que no inspeccionaba los ejemplares ni tomaba catas aleatorias.

Así, los investigadores argumentan que «en algunos casos (los investigados) contaban con la colaboración de facultativos de la Administración Pública en cuanto a l os controles sobre los ejemplares de atún rojo y sus partes , que les avisan de las próximas inspecciones que practicarán, o incluso les solicitan que preparen las muestras que recogerán a priori».

Así consta en un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 3 de Picassent (Valencia), que ya ha trasladado las diligencias a la Audiencia Nacional, pues el caso afecta a varias comunidades autónomas y tiene ramificaciones internacionales. La entrada y distribución del atún rojo italiano y maltés de pesca furtiva estaba, principalmente, en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana , por lo que los facultativos a sueldo de la trama serían, básicamente, de los servicios de inspección sanitaria de esas entidades autonómicas.

La trama del atún también tuvo a su servicio a un agente de la Guardia Civil, J.G.G. , que les avisó de la investigación en curso, que se inició en 2016 y estalló en junio de 2018 con la detención de 79 personas. El agente habría violado el secreto de las actuaciones, lo que facilitó a algunos integrantes de la trama que cambiaran su teléfono móvil, ya que estaba intervenido. Un mes después de las detenciones, el 12 de julio de 2018, los agentes del Seprona responsables de la investigación comunicaron al juez la detención de su compañero presuntamente corrupto.

La investigación afecta a 25 sociedades mercantiles –algunas pertenecientes al mismo grupo– que comercializaban atún ilegal a sabiendas y, lo que es más preocupante, también en un estado deplorable para el consumo humano, como reveló ABC el pasado miércoles. La participación de los veterinarios fue clave, pues hicieron ojos ciegos a unas prácticas aberrantes, como revelan las intervenciones telefónicas entregadas al juez.

En una conversación intervenida el 18 de junio de 2018, «Paco habla con Alejandro Prados » y le dice que «este pescado tiene peligro, allá tú. Te lo digo para que no pase por la Colla», refiriéndose a los trabajadores de la lonja que recepcionan la mercancía. «Alejandro le dice que no, que las 12 de la noche no hay nadie en la Colla y en diez minutos se ha bajado el pescado», 22 palets de Canarias, resume la Guardia Civil. Otro trabajador de la trama dice en una conversación: «Voy a ir llenando el camión con el pescado malo». El presunto delito contra la salud pública se presupone con estas conversaciones. «Vaya mierda de atún rojo, el nuestro 50 por ciento malo». «Que no huela, que sea vendible», contesta su interlocutor.

A través de la falsificación de documentos de trazabilidad –las etiquetas del pescado–, el atún rojo de origen furtivo entraba en los principales mercados de España y se exportaba hasta otros países. Algunas piezas de pescado se vendieron con hasta 20 días de antigüedad, por lo que provocaron varias intoxicaciones . Les inyectaban aditivos para enmascarar su mala presencia.