Tráfico plantea servicios mínimos del 50% para los examinadores

Los examinadores, que iniciaron paros todos los lunes, martes y miércoles desde mediados del pasado mes de junio, han dejado ya 80.000 pruebas prácticas de conducir suspendidas , según la DGT.

El principal escollo en la negociación sigue siendo la subida retributiva que exigen los examinadores, de 250 euros brutos al mes como complemento específico por su trabajo. Tras la reunión de ayer, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) criticó en un comunicado que «sigue sin haber por parte de la DGT una propuesta económica de ningún tipo». La DGT, en cambio, reiteró que no tiene competencias para ello, ya que pertenecen al Ministerio de Hacienda. El departamento dirigido por Cristóbal Montoro mantiene que no se pueden aprobar subidas salariales al margen del resto de funcionarios del Estado .

Ante la falta de acuerdo, la reunión se centró en la fijación de los servicios mínimos durante la huelga, pero la diferencia de criterios abocó también esta negociación al fracaso. En un primer momento, Tráfico propuso fijarlos en un 65% al entender que es el único organismo con potestad de expedir los permisos de conducir. Los representantes de los examinadores rechazaron la propuesta y plantearon dejarlos al 20%. Tras un receso, la DGT hizo su última propuesta: servicios mínimos del 50%, descartada por los examinadores al considerarla «abusiva y desproporcionada» .

Pese a la falta de acuerdo, el Ministerio del Interior, de quien depende Tráfico, puede decretar servicios mínimos, según confirman fuentes expertas a J. G. Navarro. De hecho, el director de la DGT, Gregorio Serrano, ya manifestó en el Congreso de los Diputados que estaba «preparando» el procedimiento para ello. De considerar la cifra elegida abusiva, el comité de huelga de los examinadores puede recurrir a los tribunales, pero la resolución llegaría sin el tiempo suficiente como para repercutir en la convocatoria de huelga actual . En declaraciones a Servimedia, la delegada de Asextra en Galicia, Vanesa Fernández, confirmó que sus servicios jurídicos estudiarán la cuestión de los servicios mínimos. El colectivo considera «ilegal» dicha imposición al no ser los exámenes de conducir «un servicio esencial».

Tras el encuentro, también el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, mostró su preocupación. «El elevado número de ciudadanos afectados hace necesario que la DGT adopte medidas de forma urgente, a fin de normalizar la situación lo antes posible» , comunicó. Solo en junio recibió 1.700 quejas y, según sus estimaciones, de extenderse la huelga indefinida podría repercutir en más de 100.000 alumnos.