Tensión en Cachemira (India) por la violación y el asesinato de una niña de ocho años

A ello se añade la investigación de un diputado del partido del Gobierno indio después de la muerte, bajo circunstancias sospechosas, de un detenido que le había acusado de violar y matar a su hija adolescente en el estado de Uttar Pradesh; un caso que las autoridades centrales tuvieron que asumir después de que la Policía local se negara a investigarlo.

Sobre el primer caso, las autoridades indias han acusado al ex funcionario Sanji Ram, antiguo recaudador de impuestos, de preparar el crimen contra la pequeña Asifa para sembrar el pánico entre la comunidad musulmana de los Bajarwal, a la que pertenecía la pequeña, y que despierta la animadversión de la sociedad de mayoría hindú que vive en esta localidad próxima a la frontera paquistaní.

«Sanji Ram es el cabecilla de este crimen horrendo», confirmó a finales del mes pasado el director general de la Policía del estado, Shesh Paul Vaid, en medio de algunas manifestaciones que han ido creciendo en intensidad según se han conocido detalles adicionales del caso. Hoy han sido imputados los ocho arrestados por este caso, según ha informado 'The Times of India'.

Junto al exfuncionario y su sobrino han sido detenidos el subinspector e investigador del caso, Anand Dutta, y otros tres agentes de Policía, según la abogada de la familia, Deepika Singh Rajawat.

Uno de los agentes, identificado com Tilak Raj, ha pasado a disposición policial bajo la sospecha de que llegó incluso a lavar la ropa de la niña antes de entregársela a los forenses , para eliminar pruebas.

Los otros dos agentes han sido identificados como Deepak Khajuria y Surinder Verma. Khajuria ha sido arrestado bajo la sospecha de que fue él quien obtuvo las drogas para sedar a la niña, particularmente difíciles de conseguir. Además han sido detenidas otras dos personas, una de ellas un menor de edad, como supuestos responsables directos de los delitos.

Un integrante de los Bajarwal, Talib Husain, ha lamentado el deterioro que han experimentado en los últimos meses las relaciones entre musulmanes e hindúes , desde la victoria del primer ministro indio, Narendra Modi, en 2014, y de por sí deterioradas por enfrentamientos históricos por la posesión de la tierra.

Husein, en declaraciones a Al Yazira, no tiene dudas de que el asesinato de Asifa ha sido un «crimen bien planeado para aterrorizar a los musulmanes de Kathua y expulsarles de sus hogares» .

Es por ello que las protestas no solo han estado protagonizadas por los musulmanes que han pedido la condena inmediata de los arrestados, sino también por hindúes que han defendido su inocencia.

Otro caso que ha llevado esta semana a manifestarse a la población del país ha sido la muerte, bajo custodia policial, de un hombre que acusó a un político del partido de Modi, el Bharatiya Janata (BJP), de secuestrar y violar a su hija de 16 años hace nueve meses en el estado de Uttar Pradesh.

La Policía se negó a investigar en un primer momento las acusaciones contra el político, Kuldeep Singh Sengar, miembro de la legislatura estatal, hasta que la Oficina Central de Investigación nacional se hizo cargo del caso este pasado jueves. Sengar ha negado la participación, pero entre lo ocurrido en Jammu y este caso, la población india ha vuelto a expresar su más firme condena contra plaga endémica de abusos y violaciones en el país.

«Ambos casos han sacudido la conciencia de la nación, han sacudido los corazones y las almas de las personas» , ha denunciado este viernes el organizador de una de las protestas, Feroze Mithiborwala, en declaraciones a Reuters.

Los grupos de ciudadanos planean nuevas protestas en Nueva Delhi, Hyderabad, Chennai y Calcuta durante los próximos dos días, mientras que miles de personas han acudido a las redes sociales para buscar justicia para las víctimas.

Desde la violación en grupo de una estudiante en un autobús de Nueva Delhi hace seis años, un punto de inflexión que ha cambiado la mentalidad de la población a la hora de denunciar lo que hasta entonces era un férreo tabú, la Policía ha reconocido que los casos de violación declarados no han dejado de aumentar, hasta registrar casi 35.000 en 2015.