Temporeros: El preludio de un nuevo caos sanitario y humanitario

Los empresarios agricultores juran y perjuran que solo emplean a personas con papeles, pero lo cierto es que año tras año grandes grupos de jóvenes atraviesan el estrecho y cruzan la península en coches compartidos y autobuses con la esperanza de encontrar trabajo bajo el cobijo de los rentables frutales leridanos. Una vez en su destino, se dan de bruces con la realidad: la dificultad de encontrar un trabajo como ‘temporero’ que la mayoría de autóctonos repudia por su dureza y escasa remuneración.

En Serós (Lérida), una cuadrilla de 20 trabajadores estaban este viernes preparando varias hectáreas de nectarina para la inminente cosecha. Entre ellos estaba Alí, un paquistaní de 47 años nacido en la ciudad de Jujrat, cerca de Islamabad, y que hace dos temporadas que va a Cataluña para trabajar en los infinitos campos que reverdecen la entrada a los Monegros. « Aquí se trabaja mucho, pero se trabaja bien, yo vengo con contrato y alojamiento », relata ante la mirada de Víctor, joven campesino que gestiona esta inmensa plantación. Su finca tiene a varias decenas de temporeros regularizados, legales y alojados en varias casetas muy sencillas pero bien limpias y equipadas que muestra con orgullo. «Aquí cumplimos, con todo, normas Covid y laborales», expone.

La época ‘fuerte’ de la cosecha en Lérida se concentra en los meses de junio y julio pero antes ya hay trabajo en la poda de los frutales, aunque eso apenas requiere mano de obra. A pesar de ello, cada año los temporeros llegan antes. Esto provoca un panorama de jóvenes merodeando por las calles a la espera de que llegue la cosecha al que ya se han acostumbrado los vecinos, pero que el año pasado, en plena pandemia de Covid-19 y con un estricto confinamiento domiciliario en ciernes, provocó inquietud en las autoridades sanitarias, temerosas por los contagios y la llegada de nuevas cepas. También disparó la preocupación en las ONG que cada año se esfuerzan por paliar los efectos humanitarios de este fenómeno endémico.

« La campaña de este año la vemos con mucha preocupación , no se han tomado las medidas necesarias para evitar lo que pasó el año pasado, cuando los temporeros sin trabajo se acumularon en las calles, algo que viene pasando desde hace más de 20 años. Este problema se vio más porque mientras todos estábamos encerrados en casa llegaron aquí 200 personas que tuvieron que dormir en la calle», recuerda Llibert Rexach , portavoz de la plataforma Fruta con justicia social, creada para denunciar el problema de los temporeros. Además, según Rexach, este año el Ayuntamiento de Lérida ha escurrido parte del problema cediendo el pabellón municipal en el que se acogen estos jóvenes a una empresa privada, hecho que dificulta la labor de ayuda de entidades como Cáritas Diocesana, que el año pasado destinó casi 80 voluntarios a atender a los temporeros, muchos de los cuales acabaron contagiándose por la falta de medidas higiénicas.

«Siguen llegando aunque harán falta menos manos este año, eso hará que sus necesidades aumenten. En el tema de los brotes y los contagios confiamos que se haya aprendido del año pasado pero nos preocupan las vacunas. Pedimos que se vacune a los temporeros ya que muchos duermen en la calle y están en situaciones muy precarias, pero entendemos que no hay para todos y eso será difícil», explica María José Rossell , secretaria general de la ONG eclesial en Lérida.

Según la legislación actual, los empresarios que contratan a un ‘temporero’ tienen que proveerle de hospedaje, algo que, en principio, se cumple con todos los contratados en origen, afirman desde el sector, pero no en aquellos que llegan a las comarcas agrícolas a la aventura, o a la desesperada, sin papeles ni contactos previos. « No pongo la mano en el fuego por nadie , pero no somos maltratadores, la gente que está en la calle es gente que no puede trabajar y nadie los contrata, menos aún en un año como este en que no habrá suficiente trabajo para todos por las heladas. Si no tienen contrato en origen, mejor que no vengan», alerta Josep Antoni Romia, alcalde de Serós y empresario frutícola.

La dicotomía entre trabajadores y migrantes es la diferenciación que defienden desde un sector agrícola que lamenta que se lo acuse de «fomentar la imigración ilegal» cuando el problema de los ‘sin papeles’ tiene su causa en la inestabilidad y la pobreza en los países de origen, principalmente en el África subsahariana, y los desajustes en las políticas de migración y fronteras de la Unión Europea . «España tiene un problema con las personas sin documentación que deambulan por todo el estado que nada tiene que ver con el campo y la recolección de fruta», apunta el presidente de la asociación de jóvenes agricultores de la zona, Asaja, Pere Roqué. «La gente durmiendo en la calle no tiene que ver con la campaña de la fruta. Nosotros, la gente que contratamos acogemos como fija la ley, sobre la gente que viene por su cuenta no tenemos responsabilidad. El 80% de los recolectores llegan con papeles y contrato », añade.

En las administraciones, el silencio y la dejación de funciones va en aumento conforme se sube el escalafón. El Ayuntamiento de Lérida, la ‘paería’ según la nomenclatura local, hace tiempo que ofrece su pabellón ferial para convertirlo en un punto de acogida para quienes lleguen sin contrato ni alojamiento. Según explican a ABC, se mejorará para aumentar el confort y la privacidad de sus usuarios. Ademas, en 2021 tienen previsto inaugurar un albergue municipal que servirá para dar cobijo a los temporeros en verano, a los ‘sintecho’ en invierno y a usos ‘multidisciplinares’ el resto del año . La Generalitat, a su vez, no ha contestado a las peticiones de los agricultores para vacunar o, al menos, hacer cribados masivos entre los temporeros. Tampoco ha ofrecido ayudas para preparar alojamientos en las plantaciones, como se hizo en 2010.

El Gobierno, por su parte, evita encarar la situación. «Hemos pedido regularizar a los temporeros, todo el mundo saldría ganando, pero miran a otra parte», explican a ABC fuentes del Ayuntamiento de Lérida que lamentan el escaso éxito que tuvo una reunión mantenida el pasado 2 de marzo en Madrid entre el alcalde de la ciudad, Miquel Puyo, y el director general de migraciones, Santiago Antonio Yerga . Desde la ciudad pidieron una solución anticipada a un problema que ven llegar a cámara lenta y que presienten que se convertirá de nuevo en un caos humanitario en pleno verano , con los árboles esperando que se recoja el trabajo de todo un año y con una vacunación que en ningún caso contará con Alí y el resto de estos nómadas del campo.