El Supremo de Brasil prepara un fallo histórico sobre los derechos indígenas

«Esa tesis, es una tesis genocida» , declaró al ABC la líder indígena Aline Ngrenhtabare Lopes Kayapó, que llegó a Brasilia con un bebé de 5 meses en brazos, el pequeño Yupanqui Bepriabati, en un viaje de tres días en un autobús desde el extremo norte del país, para sumarse a la protesta organizada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APBI). La marcha es considerada una de las más importantes de estos pueblos en décadas.

Aline, que llegó el día 22, permanecerá en el campamento para seguir de cerca el juicio , que fue suspendido y debe reiniciarse el 1 de septiembre. «Seguimos todos con esperanza de que la Corte Suprema cumplirá con su competencia, que es ser vigilante de la Constitución», dice la líder, fundadora del movimiento de mujeres Wayrakunas y miembro del parlamento indígena de Brasil.

La Corte Suprema es la esperanza de estos pueblos de ver su áreas reconocidas y conseguir un compromiso definitivo de demarcación de sus territorios, pues su decisión final debe aplicarse en todo el país. Los ministros de la Corte abrieron el jueves la votación y será retomada el próximo miércoles, después de oír a 39 brasileños de ambos lados.

Líderes indígenas de los pueblos Kayapó, Yanomami, Xicrin y Munduruku , que están en el campamento firmaron una carta conjunta y formaron una alianza histórica contra el «garimpo» , la minería ilegal. «No cambiamos el oro por la vida de nuestros hijos y nietos. El «garimpo» destruye nuestra cultura, nuestros bosques, envenena nuestros ríos, crea conflictos entre nuestros parientes y acaba con nuestros lugares sagrados», dice la carta, describiendo una de las tantas actividades ilegales que vienen exterminando a estos pueblos.

«Exigimos que el Gobierno cumpla con la orden de la Corte Suprema y saque a los invasores de nuestros territorios. Dicen que somos pobres, pero somos ricos. Nuestra riqueza está en los bosques y los ríos, que nos dan todo» , suscriben los líderes, que a su vez, relatan las presiones del Gobierno de Bolsonaro para desunirlos, mostrando que hay grupos indígenas interesados en estas actividades que, según ellos, solo enriquecen a los empresarios.

La propuesta de ley 490 , conocida como Marco Temporal y llamada por los indígenas como la ‘ley de la muerte’, es defendida por ganaderos y el sector agrícola y ya fue aprobada en el Congreso. La tesis, argumenta que los pueblos indígenas originarios solo tendrán derecho al territorio que ocupaban físicamente el 5 de octubre de 1988, cuando entró en vigor la actual Constitución .

La acción fue presentada en la Corte por el estado de Santa Catarina, que usó ese argumento para desconocer el territorio indígena Xokleng. Los indígenas, sus defensores y ambientalistas, consideran este marco equivocado, porque en 1988 muchas poblaciones ya habían sido expulsadas de sus territorios , incluyendo casi una centena de pueblos que aún no habían tenido contacto. Es el caso de los guaraníes , cuyas tierras ya son áreas de monocultivos como la soja, e incluso de los propios xoklengs , víctimas de genocidio y cuya tierras fueron repartidas entre colonos europeos, a principios del siglo pasado.

«La aprobación de este proyecto de ley sería uno de los retrocesos más significativos en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos tradicionales desde la redemocratización en Brasil», afirma Anna Lívia Arida, directora adjunta de la ONG Human Rights Watch.

Defensor de esta ley, Bolsonaro dice que si la Corte Suprema falla en favor de los indígenas, habrá escasez de alimentos. «La inflación de alimentos aumentará aún más generando algo peor que la inflación, que es la escasez», presionó el presidente en un momento en que la inflación está alta y la economía va mal. Uno de los argumentos del presidente es que los indios viven en 13% del territorio del país , pero la realidad es que el agronegocio está avanzando de forma desenfrenada.

Según la ONG Instituto Socioambiental (ISA), Brasil tiene en su terreno un 41% de propiedades rurales, 22% de pastos para ganado y el 11% de áreas ya inservibles para la agropecuaria.

La ley tramita desde el 2007 y ya está aprobada en parte en el Congreso , donde aguarda aún su pase al Senado. El país tiene bajo análisis unas 237 solicitudes de demarcación de tierras indígenas , reconocidas por las normas constitucionales que deberían darle seguridad jurídica a estos pueblos. Pero la mayor parte está en análisis hace décadas , lo que ha permitido el avance de negocios ilegales, de mineras, madereras, ganado y agricultura, que invaden tierras sin autorización.

En 2017 , el entonces presidente, Michel Temer, adoptó la tesis del Marco Temporal que se ha fortalecido con Bolsonaro , cuyo Gobierno ya suspendió la demarcación de 27 territorios, según el Consejo Indígena Misionero (CIMI).

La decisión de la Corte Suprema brasileña discute un tema clave para la preservación de la Amazonia brasileña, que según especialistas como el científico Carlos Nobre, corre el riesgo de volverse un territorio desértico , si es que no se detiene el avance descontrolado de negocios ambientalmente insostenibles. Por tercer año consecutivo, la Amazonía brasileña ha registrado un récord histórico de incendios forestales en agosto. Fueron identificados 8.172 focos de incendio en 26 días , superando los 8.030 registros del 2020, que ya era el peor desde 1998, y los más de 6.600 en 2019, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).

La minería ilegal viene contaminando ríos con mercurio , y la tala ilegal, acabando con la sombra y la vegetación. Los incendios vienen teniendo impacto incluso en las grandes ciudades, como São Paulo, donde se han registrado temperaturas de más de 30 grados en el invierno, además de un aumento de la contaminación ambiental. Entre especialistas, es unanimidad que preservar los territorios indígenas sería el mejor camino contra la emergencia climática internacional.