La Suprema Corte de México rechaza un fallo histórico que despenalizaba el aborto

Los magistrados justificaron que no se pronunciaban sobre el fondo sino la forma del asunto, al cuestionar el concepto de «omisión legislativa» que señalaba González Alcántara.

«La Corte, en mi opinión, no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico, en este caso, pues no existe un mandato legislativo específico de legislar en ese sentido», argumentó la ministra Norma Piña.

El fallo es un golpe a los derechos reproductivos de las mujeres en el país, donde solo Ciudad de México y Oaxaca admiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en la mayoría por riesgo a la salud de la madre.

La propuesta habría permitido a mujeres de otros estados presentar amparos para obligar a los congresos locales a legislar en el mismo sentido.

Por ello, González Alcántara defendió su proyecto al reafirmar que los tratados internacionales son «claros» y «categóricos» en que existe una «obligación inmediata» de reformar las normas que discriminan y violentan a las mujeres.

«La prohibición absoluta de la interrupción del embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres, especialmente a la luz de su derecho a la salud y de su dignidad, en todo caso, en mi opinión, aún es necesario, aún es imperativo , estudiar las normas que afectan a las mujeres », aseguró.

Agrupaciones feministas, que esperaban el respaldo de la Suprema Corte, expresaron a EFE su decepción con los argumentos de los ministros, pero aclararon que la lucha por los derechos reproductivos continúa.

«Queda invisibilizada la problemática real, los ministros solamente se dedicaron a resaltar cuestiones técnicas para no entrar al fondo del asunto y obviamente esto sí es un obstáculo para los cambios legislativos», comentó Isabel Anayanssi Orizaga, integrante de Mexicanas Resistiendo desde el Extranjero.

Pero el fallo no exime a los congresos estatales de su obligación con los tratados internacionales a favor de las mujeres, precisó la también experta del Círculo Feminista de Análisis Jurídico.

Aun así, lamentó que los ministros «ni siquiera» discutieran los efectos de la norma.

«Es un poco preocupante que por tecnicismos no se haya llegado a discutir el verdadero fondo del asunto, que es la falta de acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo como parte de sus derechos reproductivos», opinó Orizaga.