«Me siento honrado por expedir títulos en nombre del Rey»
El rector José Carlos Gómez Villamandos opina sobre la firma del Monarca que elimina la ‘ley Castells’
El Partido Popular acusa a Sánchez de poner la universidad «al servicio de la ideología»
El Ministro de Universidades, Manuel Castells
El borrador del anteproyecto de la ley de Universidades, cuyo contenido desveló ayer ABC , elimina las funciones del Rey de España al quitarlo del apartado de expedición de títulos. El texto señala que «el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá las directrices ... y condiciones para la obtención de los títulos universitarios oficiales, que serán expedidos por el Rector o Rectora de la universidad».
La versión de la ley vigente, la Ley Orgánica de Universidades (LOU), señala que los títulos « serán expedidos en nombre del Rey por el rector de la universidad ». Lo mismo apunta la ley anterior a esta, del año 1983. Se trata de la primera norma universitaria de la Democracia que prescinde de la figura del Jefe de Estado.
Al margen de que este redactado se cambie o no, ya que el texto está sufriendo modificaciones «en tiempo real», dicen desde Universidades, el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos ha asegurado a ABC: « Me siento muy honrado con firmar los títulos en nombre de Su Majestad el Rey ». Villamandos también es presidente de Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) pero aclara que, en cualquier caso, habla solo en su nombre y no como representante de los rectores.
«Sin sesgos»
Como presidente de CRUE sí ha dicho que lo que pide para la nueva norma es «respeto a la autonomía universigafia, financiación adecuada con rendición de cuentas y un marco normativo que nos permita desarrollar todo el potencial del Sistema Universitario Español ».
Gómez Villamandos ha añadido que piden un «documento eminentemente técnico y pragmático, sin sesgos y que alcance un apoyo mayoritario en el Congreso». Por su parte, Ramón Caballero , vicepresidente de Educación para las universidades del sindicato CSIF, dijo a este periódico que a falta de ver en detalle el texto final, «nos preocupa especialmente el diseño de la carrera docente e investigadora y la falta de medidas para acabar con la inestabilidad y la precariedad de las plantillas». De hecho, una de las medidas menos esperadas de la norma, adelantada ayer por este periódico, es que elimina la figura de profesor contratado doctor. Se trata de aquellos docentes e investigadores de universidad, con contrato laboral de carácter permanente y dedicación a tiempo completo y, desde el año 2000, el primer escalón estable en la carrera docente .
El borrador del anteproyecto, que llegará al Consejo de Ministros (CM) el próximo martes en primera vuelta, ya fue aprobado por la comisión de secretarios de estados y subsecretarios (paso previo al CM). Sin embargo, podría ser tumbado en el CM o salir de él una con cambios ya que el texto está en constante modificación . El Ministerio de Universidades señaló a este periódico que la información publicada sobre la norma tiene «cosas inexactas y falsas». También el propio Castells desmintió a ABC cuando publicó el pasado mes de mayo la entonces intención de que los profesores titulares sean rectores (hasta ahora solo lo hacen los catedráticos). El borrador del anteproyecto de la ley de Universidades generó un clamor de críticas, no solo en la comunidad universitaria sino también en algunos partidos políticos.
En sus respectivas cuentas de Twitter, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra , compartió la noticia de ABC junto al siguiente comentario: «El proyecto de Sánchez pone la universidad al servicio de su ideología, en eso están. Mientras en España nuestros jóvenes tiene 38% de paro, la tasa más alta de Europa». En su cuenta de Instagram, compartida, a su vez, por el Grupo Popular en el Congreso, Gamarra señaló: «Cuando la búsqueda de la excelencia se cambia por la imposición de la ideología».
Como la 'ley Celaá'
La diputada del Partido Popular, Sandra Moneo , criticó la norma y la comparó, sin mencionarla, con la polémica Lomloe, más conocida como ‘ ley Celaá ’: «No hay ley educativa de este Gobierno que no tenga su sesgo ideológico. No hay oportunidad desaprovechada por los socialcomunistas para atacar nuestro modelo de estado».
Pedro Fernández , portavoz de la Comisión de Universidades de Vox, dijo que la ‘ley Castells’ «no es más que la extensión de una nueva norma socialcomunista. Ya no se trata de quieran impedir que el Rey expida títulos, sino que este ministro se comprometió con los grupos de la oposición a pactar la nueva ley de Universidades pero no lo ha hecho y, una vez más, estamos ante un texto sectario para acomodar lo que es la universidad a una ideología contraria a los principios básicos de la democracia».
Por su parte, Cs compartió un tuit con declaraciones de Miguel Gutiérrez , diputado de del partido en el Congreso y miembro de su Comité Ejecutivo. Para Gutiérrez, la norma «es una cortina de humo, nuevamente, para tapar lo que este Gobierno quiere tapar, sobre todo aquella parte del Gobierno de Unidas Podemos y de los socios del PSOE, que es la subida enorme del precio de la luz».