«Ha sido mi hija la que me ha dado fuerzas desde el cielo para poder hacer justicia»

Acompañada de su abogada, Gema Fernández , y notablemente emocionada, ha contado su trayectoria judicial en este procedimiento jurídico durante este largo proceso al que por fin «ha visto salida».

Han sido quince años de lucha constante en los que González nunca se ha rendido y en los que únicamente ha escuchado la negativa del sistema en aceptar la culpabilidad de la muerte de su hija . «Durante los diez primeros años nadie se dignó a leer mi verdad, pensó que el asesinato de mi hija y su dignidad no se podía callar, a mi hija le asesinaron porque no se le protegió, fue algo que no me cansé de pedir, para la justicia prevaleció mas el interés de un padre maltratador con la intención de hacerme el mayor daño posible», ha declarado la víctima.

Con la asesoría jurídica de la ONG «Women's Worldwide» ha conseguido responsabilizar al Estado por lo que ocurrió el 11 de abril de 2003 cuando la vida de su hija de tan solo siete años se vio truncada por no poner las medidas de protección adecuadas. González ha contado como el padre de la niña, antes de suicidarse , la asesinó en una de las visitas sin vigilancia que tenían lugar los jueves de cada semana durante tres horas, «fue la justicia la que permitió un cambio en el régimen de visitas para que él hiciera lo que llevaba tiempo anunciando: matarla». Ni Ángela González ni su hija estaban de acuerdo en realizar esos encuentros, y en repetidas ocasiones manifestaron a los tribunales su deseo de cancelarlos , o por lo menos hacerlos con la vigilancia adecuada. Pero ni ella ni su hija fueron escuchadas, eso es lo que llevó al fatal desenlace.

Después de finalizar los diez primeros años buscando justicia, el Tribunal Constitucional, que era la última vía de recurso, sentenció que n o había habido desprotección por parte del Estado . A González se le «hundió el mundo, nadie quería creerla». Pero todo cambió en julio del año 2014 cuando La «Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer» (CEDAW) emitió un dictamen en el que afirmó que el Estado Español vulneró los derechos de Ángela González y su hija, y además añadió una serie de recomendaciones para que el Gobierno las adoptara y poder mejorar así la situación de todas las víctimas. «Estaba trabajando pero no me importó. Salí corriendo a la calle y comenzó a gritar. Esto abrió una puerta de esperanza en un país que no avanzaba en absoluto», cuenta emocionada la víctima cuando se dio cuenta de que alguien por primera vez la había creído. La Audiencia Nacional rechazó el dictamen de la CEDAW y no ha sido hasta el 20 de julio cuando el Tribunal Supremo ha dado la razón a González, condenando a España a indemnizarla con 600.000 euros. Además expone la obligación del Estado de cumplir todas las medidas de protección impuestas por los dictámenes internacionales.

El Estado nunca pidió perdón . Nunca se responsabilizó de lo ocurrido. Durante el proceso añade que «nunca nadie me llamó, ni siquiera el Gobierno se preocupó de lo que estaba ocurriendo».

Esta sentencia marca un antes y un después. Podrá configurarse como un antecedente para que el estado adopte las medidas necesarias que regulen la protección de las víctimas de violencia de género, y además garanticen su bienestar y el de sus hijos. González espera que esta sentencia ayude en que «la justicia nunca mas deje a ninguna mujer o niño desprotegidos». También pide que todos los que se involucran en casos de violencia de género tengan una formación previa de cómo tratar a las víctimas y qué es lo correcto para ellas, desde el policía que pregunta por primera vez, hasta los servicios sociales que se hacen intermediarios de los encuentros entre padres e hijos. Es a estos últimos a los que se culpabiliza en su mayor parte de lo ocurrido, ya que «si los trabajadores sociales de mis hija hubieran hecho bien su trabajo, y de verdad se hubieran dado cuenta del estado en el que el asesino la devolvía después de esas tres horas, esto no hubiera ocurrido». Ella recuerda que «acudía cada viernes para contar las amenazas y malos tratos que había sufrido su hija durante el encuentro».

A pesar de todo «nunca tiró la toalla», nunca pensó en abandonar esta batalla porque el «asesinato de su hija tenía que ser reconocido de alguna manera», y no solo por ella no se podía rendir, sino que «era mi hija la que le mandaba fuerza para continuar y poder hacer justicia».

«Cuando le preguntaron "¿Qué buscas Ángela?" Lo tenía claro, lo único que buscaba era justicia», comenta González al recordar la pregunta de la organización «Women's link Worldwide» cuando decidieron coger el caso para llevarlo a organismos internacionales. La víctima ha reconocido públicamente el afecto que le guarda a todas las personas que han formado parte de esta etapa de su vida para luchar con ella en su trayectoria.

Es importante recordar que la lucha no ha acabado aquí . Ella estará «donde la necesiten». Gema Fernández ha aprovechado para comentar que la indemnización solo es una medida patrimonial para reparar el daño, pero que aún les quedan medidas por las que luchar, como las formaciones mencionadas anteriormente o la necesidad de escuchar la voluntad del hijo o hija de una víctima de violencia de género.

«Necesitan educación en las escuelas, formación para los profesionales que entiendan la violencia de género, a jueces que sepan contemplar todas las circunstancias a la hora de decidir. Las personas más vulnerables son los hijos y son los primeros que hay que tener en cuenta, porque aunque sean pequeños saben lo que esta pasando. Tienen que ser valientes y tienen que salir», ha comentado González para expresar su apoyo a otras personas que estén viviendo la misma situación.

Pide que «no se rindan, porque al final hay luz, al final hay justicia». También ha tenido unas palabras de aliento para Juana Rivas, y ha lanzado un mensaje a los jueces para pedir que «se tengan en cuenta sus circunstancias y así poder entender sus actos »