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«Señal de alarma» del Defensor del Pueblo sobre la crisis demográfica en España

El informe anual de 2018 aborda la situación en un cuadernillo especial

Madrid Actualizado: Guardar
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La gravedad del problema de la demografía en España es tan importante que hasta el Defensor del Pueblo ha decidido llamar la atención sobre esta cuestión. Lo ha hecho elaborando un cuadernillo especial, dentro del informe anual de 2018. Una práctica que comenzó a hacerse el año pasado, al abordar en profundidad algún tema relevante. En 2017 fue la desigualdad y en el presente informe ha sido «La situación demográfica de España».

No se trata de aportar soluciones, «somos gente humilde y no tenemos capacidad para decir las cosas qué hay que hacer», reconoce a ABC el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, sino reflexionar sobre «aspectos relevantes». El foco se ha puesto en la crisis como una de las causas de los cambios demográficos. Unos cambios que se concretan en el incremento de personas mayores de 65 años y la caída de la tasa de natalidad.

«Abrir la puertecita»

El objetivo de esta institución es dar «una señal de alarma, abrir la puertecita» para que la sociedad en su conjunto pueda plantear soluciones, según señala el máximo representante de esta institución.

Siete son las conclusiones finales de este informe. La primera se refiere a la constatación de que la fecundidad española es una de las más bajas del mundo. La tasa de reposición suele estar en 2,05 hijos por mujer, «pero en España el número de hijos ha estado muy por debajo de ese nivel desde 1981 hasta ahora, y no es previsible, al menos a corto y medio plazo, un repunte sostenido del mismo».

Otro de los datos destacados es que la mortalidad infantil, desde hace años, se sitúa en niveles muy bajos. Así, «en 1976 fue de 17,1 por mil, mientras que en 2017 fue de 2,7. El descenso es más que notable».

La tercera conclusión aborda la esperanza de vida. En el caso de España es una de las más altas del mundo. En los últimos 100 años se ha incrementado 40 años. El 1 de enero de 2018 había casi dos millones (1.975.000) de personas con 80 años y más, el 6,2% de la población total, el mismo que en Alemania y solo por debajo de Italia (7,0%). El documento resalta que «en 1910 en España, de 100 nacidos solo 33 llegaban al inicio del umbral de la vejez. En 2018, los que llegaron al inicio de este umbral fueron el 91% y, según las prospectivas, en 2050 podrían ser 95%».

La cuarta reflexión indica que las personas mayores aumentan en número y en proporción. Así, en 1974, el porcentaje de personas de 65 años y más era del 10,4%. El 1 de enero de 2018 era el 19,2% (si solo se cuenta la población nacida en España sería el 20,9%), ligeramente por debajo del conjunto de la UE, que era del 19,7%. Esta tendencia continuará, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que a mediados del siglo XXI la población de mayores alcanzará los 16 millones de personas. El 32%.

Las soluciones a esta situación «deben de adoptarse sin demora, sin dramatismo»

El quinto apartado aborda la cuestión de la inmigración. El informe indica que «a 30 de junio de 2018 el número de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, o ambos, era de 5.331.774. El impacto poblacional de los flujos migratorios pone de manifiesto que el reemplazo y el crecimiento vegetativo positivo de la población extranjera mejoran, en cierta medida, nuestra situación demográfica».

La sexta consideración se refiere a las pensiones. El Defensor del Pueblo sostiene que «el impacto de la crisis propició el desequilibro financiero del Sistema de Seguridad Social, que ahora es más que patente». A juicio de la institución, «para resolver este problema hay que debatir y emprender reformas en el sistema, y en especial en el de su financiación, que necesariamente ha de llevarse a cabo en el marco de un pacto de estado, con el mayor nivel de consenso posible».

Finalmente, y a la vista de estos datos, la institución asegura que esta situación de despoblación «está generando una brecha de desigualdad que es incompatible con los principios constitucionales de solidaridad e igualdad, siendo, por tanto, una cuestión de derechos y libertades».

Como aportación final, el Defensor del Pueblo asegura que las decisiones para solucionar este problema «deben adoptarse sin demora, y pasan inicialmente por tener una sociedad seria y rigurosamente informada, respecto al cambio demográfico que vivimos».

Igualmente, señala que hay que informarse de este problema «sin dramatismos» y que las reformas «deberán adoptarse con el suficiente grado de equidad y solidaridad intergeneracional, para no poner en riesgo a las presentes y futuras generaciones».