El Senado pide que las víctimas no puedan ser acusadas de sustracción de menores, como Juana Rivas

Según subrayaron, la propuesta viene recogida en un voto particular que apoyan todos los grupos. No precisa qué leyes deben ser modificadas, pero sí pide al Gobierno que se efectúen todos los cambios legislativos «necesarios».

Apuntaron que el informe de la ponencia de estudio se aprobó por unanimidad y que todo hace prever que también el acuerdo final obtendrá hoy un amplio consenso.

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por unanimidad las 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género, y ha rechazado, con la mayoría del PP, 13 votos particulares , 9 presentados por el PSOE y 4 presentados por Podemos. Los populares han argumentado el rechazo de los votos particulares argumentando que muchas de las medidas dependen de la negociación con las comunidades autónomas. Durante el debate, todos los grupos parlamentarios se han mostrado «orgullosos» del consenso alcanzado e incluso desde el PP se ha asegurado que la Comisión del Congreso no es tan «cordial» como la del Senado.

El texto será debatido en el pleno de la Cámara Alta el próximo 12 de septiembre, según fuentes parlamentarias y se podrán volver a registrar votos particulares durane ese debate hasta el próximo 4 de septiembre.

El pacto recoge, asimismo, medidas en el ámbito asitencial, legislativo y educativo para mejorar la protección a las víctimas, así como sus hijos y a los huérfanos de la violencia de género y para atender la violencia sexual, con un presupuesto pactado de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años .

Los votos particulares del PSOE se han centrado en la inclusión de la lucha contra la prostitución y los de Unidos Podemos sobre la ampliación del concepto de «víctima».

Las propuestas del PSOE perseguían la aprobación de medidas tendentes a abolir la prostitución; permitir a las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar que quieran abortar que no requieran el consentimiento paterno; reconocer el impago de pensiones alimenticias como violencia económica ; o dignificar la jubilación para las mujeres víctimas de violencia de género que hayan recibido una Renta Activa de Inserción.

Asimismo, pedían incorporar en la educación la aportación de las mujeres al conocimiento; reconocer la «explotación reproductiva» (gestación subrogada) como violencia contra las mujeres; reformar la Ley para evitar el uso de la custodia compartida como preferente y mantenerla como excepcional; y acotar los plazos de tramitación de cada una de las medidas; y garantizar la asignación de procurador desde el momento en el que se designe abogado.

En cuanto Podemos, quería a mpliar el concepto de violencia de género más allá de la ejercida contra sus mujeres por sus parejas o ex parejas; advertir de que la asignación económica es «arbitraria» y "sin garantías; exigir una formación «estructural» en Igualdad; y que la acreditación de las víctimas de violencia de género más amplia que no dependa solo del juez, algo que sí se ha contemplado en el acuerdo del Congreso.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ha asegurado que el pacto de Estado contra la violencia de género es una forma de decir a las víctimas «que no están solas, que nos seguimos preocupando por ellas».

En una comparecencia en la que ha hecho balance del curso político , tras el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, Rajoy ha agradecido la disposición de todos los partidos políticos a la hora de acordar los términos de este pacto, que les ofreció en la sesión de investidura y que hoy se ratificará en la comisión de Igualdad del Parlamento.

Con este pacto, que se pretende extender a las comunidades autónomas y a los agentes sociales, se pretende, según Rajoy, enviar un mensaje y un compromiso «de todos hacia las mujeres que hoy pueden estar sufriendo una situación de maltrato ».

«Es una forma de decirles (...) que pueden y deben romper esta situación con la seguridad de que la sociedad española les acompaña, respalda y ayuda», ha concluido el jefe del Ejecutivo.