Seiscientas mil personas necesitan ya ayuda de Cáritas para subsistir, cifra récord desde 1969

La datos del informe revelan que la mayoría de las demandas de emergencia son para afrontar necesidades básicas, como alimentación, vivienda y gastos sanitarios. Destacan también otros servicios como vestido, educación y formación, acceso al empleo y asesoramiento en temas legales y de extranjería.

En cuanto al perfil de las personas que demandan ayudas, Agea indicó que ha cambiado y ahora es el de personas jóvenes (de entre 20 y 40 años) con niños pequeños, desempleados recientes que están a punto de perder las prestaciones por desempleo o mujeres solas con cargas familiares. «También cada vez más se acercan a Cáritas hombres solos sin hogar, separados o divorciados, que están en paro y no pueden afrontar el pago de un hogar donde vivir, y trabajadores autónomos que han tenido que cerrar sus pequeños comercios a causa de la crisis».

Junto a Agea, asistieron a la rueda de prensa, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Luis Ayala, y el coordinador del Área de Acción en los territorios de Cáritas, Sebastián Mora. Todos denunciaron que la situación descrita tiene entre sus causas «la falta de respuesta de los servicios sociales públicos» a la crisis y apoyaron sus afirmaciones en que «el 52% de las personas atendidas por Cáritas a través de los servicios de acogida llegan derivados por los servicios sociales». Entre las causas de este fenómeno, los responsables de Cáritas destacaron la escasez de recursos en las administraciones públicas, la dureza de los requisitos para acceder a esas ayudas y la excesiva lentitud en la respuesta a las demandas de auxilio, con demoras de hasta 98 días,

Pacto de Estado

Silverio Agea resaltó que esta falta de respuesta constituye «una grave dimisión de responsabilidades de los serviciso públicos, que está obligando a Cáritas a asumir su papel y a desarrollar un modelo de atención puramente asistencialista». En este contexto pidió un pacto de Estado para dotar de manera urgente a esos servicios de los recursos económicos necesarios y evitar así que las personas necesitadas caigan en la «más absoluta pobreza y exclusión».

Luis Ayala ha elaborado junto a Miguel Laparra una propuesta promovida por la Fundación Foessa para modificar las rentas mínimas. Según el estudio «El sistema de garantía de ingresos mínimos en España y la respuesta urgente que requiere la crisis social», la cuantía suficiente para articular un sistema básico de garantía social (rentas mínimas), que equivaldría a garantizar el 85% del salario mínimo interprofesinal, del que se beneficiarían 470.000 hogares sin ninguna ayuda estaría entre 1.800 y 2.200 millones de euros.