Sanidad excluye a más de un millón de inmigrantes del plan de vacunación

«Todos los días voy al centro de salud para intentar que me den una solución. Acudí al ayuntamiento, puse una reclamación, pero no me ha llegado ninguna respuesta», explica Pérez, que mientras intenta solucionarlo mantiene «encerrados» a sus padres en su piso de Arroyomolinos (Madrid). «¿Cómo hago si no para que no se contagien y mueran por Covid?», se pregunta desesperada sin saber a qué otra puerta tocar para que les inyecten de una vez las dosis que les corresponde.

Los padres de Joshlin no son una excepción . En España residen entre 390.000 y 470.000 personas en situación administrativa irregular, según el último informe de Fundación Por Causa y la Universidad Carlos III de Madrid, y 698.000 personas residentes por el proceso de reagrupación familiar, tal y como ha indicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a este periódico.

Livia es otra de las afectadas por el olvido de la administración al haber llegado a España por reagrupación familiar. Tiene 71 años y vive en Vigo. El turno para vacunarla llegó hace tiempo tanto por edad como por cuestiones de salud, ya que toma inmunodepresores y sus defensas son bajas. De hecho, en Galicia más del 90% de los mayores de entre 70 y 79 años están ya inmunizados. Sin embargo, no se ha contactado con Livia para darle cita y cuando acude a su centro de salud le dicen que no le corresponde. Lo que sí consiguió fue un teléfono del Servicio Gallego de Salud (Sergas). «Mi hija y yo estuvimos llamando durante más de una semana de forma continua y el pasado 21 de abril me atendieron. Tomaron mis datos y me dijeron que sí, que me llamarían , pero eso no me da seguridad, no tengo ningún resguardo donde quede constancia y sigo esperando», explica, preocupada.

Aunque la estrategia de vacunación está coordinada por el Ministerio de Sanidad y consensuada en el Consejo Interterritorial por las 17 autonomías, cada comunidad actúa de forma distinta en base a los criterios comunes. De ahí que la suerte de un inmigrante pueda ser distinta dependiendo de la región en la que residan.

Destacan iniciativas como el Plan de Contingencia específico para colectivos vulnerables de Islas Baleares; la instrucción interna en Asturias que comunica a todos los centros de salud la necesidad de asegurar vacunación de personas sin tarjeta sanitaria; el portal web de Cataluña donde las personas que están fuera del sistema rellenan un formulario para ser contactados; y el anuncio de la Comunidad Valenciana de que todas las personas que no tengan tarjeta sanitaria pueden acercarse a los centros de salud para darles de alta directamente y entrar así en la campaña de vacunación.

Estos planes contrastan con los de comunidades como Andalucía, que establece como requisito que el solicitante tenga «una residencia legal» en la región, algo de lo que no disponen muchos inmigrantes irregulares y temporeros. Desde la Comunidad de Madrid señalan a ABC que «los irregulares en Madrid tienen acceso a aseguramiento público» y que «solo tienen que tramitar el alta en un centro de salud». Aun así, los sanitarios no tienen instrucciones al respecto.

Cuando un inmigrante llega a un ambulatorio, «primero se verifica si está dado de alta en nuestro sistema. Si no constan en nuestra base de datos le facilitamos un teléfono en el que intentar verificar su identidad y si aparece en algún listado. Si no está, olvídate», explica Raquel Collados, médico de familia en el Centro de Salud Parque Loranca de Fuenlabrada. Conscientes de este problema, fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que a partir de mayo se habilitará una aplicación telefónica y una página web para pedir cita en el punto de vacunación más cercano, «sin importar el tipo de aseguramiento», garantizan.

Desde el movimiento Yo Sí Sanidad Universal indican que las instrucciones de la Comunidad de Madrid «se han hecho llegar como parte de un correo electrónico que recoge dudas sobre vacunación, sin darle rango de instrucción o normativa y sin haberlas publicado en ningún medio de acceso ciudadano». De este modo, «ni la población, ni muchos profesionales tienen conocimiento de las mismas y siguen denegando la vacunación a pesar de que la persona ‘excluida’ deba ser siempre vacunada» , denuncian.

Ante esta disparidad de iniciativas, el Ministerio de Sanidad se limita a señalar que «todas las personas residentes en España serán vacunadas» y que «ante cualquier duda deben dirigirse a la comunidad autónoma en la que se encuentren». Para Mikel Araguás, de la Federación SOS Racismo, esto provoca «mucha incertidumbre» en las personas que no tienen acceso a la sanidad pública. Además, destaca que «en muchos casos no es una cuestión de que una sola comunidad tome una decisión. Por ejemplo, los temporeros son personas que se mueven en base a las campañas agrícolas por todo el territorio español. ¿Qué pasa con ellos?», se pregunta Araguás. «Hay que dejar las diferencias políticas a un lado y mirar por la salud pública», sostiene.

Desde el punto de vista de Antonio Ecarri , el embajador nombrado por el venezolano Juan Guaidó en España, «hace falta una instrucción del ministerio, porque es un problema que debe ser resuelto de manera universal». A Ecarri le llegan casi a diario casos como el de Livia o Joshlin, a quienes «angustia que se está pasando el turno de los diferentes grupos convocados».

Por su parte, Nieves Turienzo, presidenta de Médicos del Mundo, considera que las autonomías no deben excusarse en las pocas directrices de Sanidad para llegar hasta estas personas. «El ministerio ha dado una orden y son las comunidades quienes tienen que facilitar que se cumpla. Si no se hace es un error enorme», afirma. Además, Turienzo destaca que «cualquier persona que acuda a un punto de vacunación tiene que tener seguridad de que sus datos no se puedan utilizar para la deportación». De lo contrario, no acudirán. Con los riesgos que también comporta.