Sánchez exige la rectificación a Madrid, que apela al diálogo para evitar el cierre

Pese a que los perfiles de redes sociales de todos los ministros socialistas los encabeza el eslogan «Este virus lo paramos unidos», lo cierto es que unidad es lo que más está echándose de menos en la crisis abierta entre el Gobierno Central y el de Madrid.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, insistía el domingo, en entrevista en Antena 3, en volver al trabajo «en unidad» con el Gobierno Central porque «es lo necesario», junto con «recursos y ayuda» que también se ha pedido al ejecutivo de Pedro Sánchez.

En todo caso, rechaza confinar totalmente Madrid porque «no es posible; no nos lo podemos permitir. Hay que buscar soluciones imaginativas», que permitan contener la pandemia sin destrozar la economía, defiende. La presidenta considera que las medidas implantadas en Madrid empiezan a dar frutos: «Ya estamos conteniendo el número de hospitalizados». Y exigió el mismo trato para toda España, al tiempo que preguntaba al Gobierno Central «porqué no le exigió lo mismo a los independentistas en algunas comarcas que este verano tuvieron datos muy malos».

El domingo intentaba rebajar el tono y volver a la conciliación el vicepresidente Aguado, con llamadas a Illa y Darias pidiendo volver a las reuniones entre ambos gobiernos. «Los madrileños merecen que acordemos conjuntamente las medidas para proteger su salud. Estemos a la altura», pedía. El consejero de Justicia, el ex juez Enrique López, también apelaba a ese diálogo, pidiendo que «demuestren su lealtad regresando a los espacios de colaboración» y estableciendo en ellos los criterios a aplicar, sin imposiciones que, por otra parte, advirtió, tendrían «difícil encaje legal».

Illa respondía también en las redes con la misma exigencia de «revisar las medidas anunciadas», ya que «no tenemos controlada la pandemia en Madrid». Y desde el Gobierno Central se mantenía la intención de intervenir la comunidad. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se mostraba dispuesta a cerrar todas las zonas con más de 500 casos por 100.000 habitantes –el nuevo criterio fijado por Illa sólo para Madrid– pero siempre que se aplicara también en el resto de España, y que se acompañara de PCR en el aeropuerto de Barajas y las estaciones del AVE, por donde en Madrid sospechan que pueden entrar muchos contagios.

El Gobierno de Madrid multiplica sus movimientos en una carrera contra reloj para frenar que el próximo martes, el Consejo de Ministros tome alguna decisión que afecte a la región. Y mientras, mantienen el pulso al Gobierno Central, al que ven muy interesado en el cierre de todo Madrid pero no tanto en otros compromisos que adquirieron en la tregua firmada entre ambos Ejecutivos tras la reunión Sánchez-Ayuso.

Por ejemplo, se preguntan si llegarían este lunes los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que solicitaron por escrito el jueves a los ministerios de Sanidad y Política Territorial. Y lo mismo con los efectivos del Ejército que reclamaron para montar dispositivos y ayudar en la realización de test de antígenos a partir de este lunes. E igualmente, recordaron la petición de una reforma exprés de la ley que permita a Madrid contratar a 300 médicos extracomunitarios que ya habían trabajado durante la primera ola de la pandemia en la región, y cuyas manos ahora urgían. «De esto, no sabemos nada», lamentaban en Madrid, donde se temen que la insistencia en el confinamiento de la región sea una cortina de humo.

El Gobierno de la nación mantiene su postura de forzar a que Madrid establezca medidas restrictivas a la movilidad en toda la región. Aseguran que eso es lo que aconsejan todos los expertos, y señalan el alto riesgo de no actuar así. Desde el ejecutivo madrileño el domingo contemporizaban: el consejero de Justicia, Enrique López, se mostraba dispuesto a sentarse de nuevo en los órganos de coordinación y a que «allí, de manera sensata y racional», se «discutan los criterios para seguir trabajando en la lucha contra el Covid». Si se concluye que hay que aplicar el cierre a las zonas con más de 500 casos por 100.000 habitantes, como defiende Illa, están dispuestos a que se haga, pero «en todas las ciudades de España».

No obstante, también apuntaba el consejero otro dato muy relevante: «Cómo afecta a ese nivel de contagios» tan elevado que presenta Madrid «la alta capacidad diagnóstica de Madrid , donde se hacen más PCR que la Comunidad catalana y el País Vasco juntos». A más pruebas, afirmó, más número de contagiados reconocidos oficialmente.

Por eso Madrid insiste en que no sólo toma como medida de la gravedad de la situación el número de casos reconocidos –un altísimo porcentaje de los cuales son asintomáticos– sino otros parámetros como la ocupación de camas hospitalarias y de UCI.

La lucha continúa abierta, y tiene un trasfondo político innegable. El Gobierno regional se resiste al confinamiento general por los terribles efectos que tendrían sobre la economía de la región. Sus máximos responsables sanitarios señalan que la situación epidemiológica es de «crecimiento sostenido» y ven ciertas notas de estabilización que les llevan a apuntar algo de optimismo de cara al futuro. En el Ministerio de Sanidad, sin embargo, creen que la situación de Madrid es calamitosa y plantean la necesidad de tomar medidas drásticas que eviten que empeore o se extienda a otras zonas.