La respuesta de una profesora de Derecho que se niega a dar las clases en catalán: «El mundo no acaba en el Cabo de Formentor»

La respuesta de una profesora de Derecho de la UIB indicando que seguirá dando las clases en castellano, acogiéndose a su derecho de cátedra, ha indignado a la autodenominada ONG del catalán , que ha publicado la respuesta en sus redes sociales mofándose de sus argumentos.

«Hemos recibido esta entrañable respuesta a una carta que enviamos a los docentes […] pero los argumentos de esta profesora nos han convencido: a partir de ahora lucharemos por el chino. Por una lengua única, grande y libre », escribía en Twitter la Plataforma per la Llengua, adjuntando la imagen de la carta.

En su contestación, la profesora les agradece «enormemente la recomendación» pero dice que seguirá haciendo uso de su lengua materna, en este caso el castellano, idioma que tratará de « defender », tanto en sus escritos como en sus exposiciones orales «de la mejor manera posible».

«Me gustaría recordarles que nuestro idioma común, el español, es la segunda lengua más estudiada en el mundo por personas que, a diferencia de ustedes, tienen más amplitud de miras […] Les recuerdo también que el idioma está pensado, desde que el hombre es hombre, para facilitar la comunicación entre nosotros, no para discriminar a quienes no hacen un uso de acuerdo con los criterios de algunos que, como ustedes, tienen un concepto del ser humano, de la vida y del mundo muy, muy, muy pequeñito », critica la profesora de la UIB.

«Me da mucha pena que su mundo se termine en el Cabo de Formentor, y les tengo que decir que, aunque mi querida Mallorca es maravillosa , el mundo es muchísimo más grande y no se termina aquí», prosigue.

La profesora argumenta que, además de todas las profesiones relacionadas con el Derecho a las que podrán acceder sus alumnos una vez acabada la carrera dentro de la Comunidad Autónoma, sus alumnos también pueden ejercer fuera las Islas, para lo que necesitarán hablar en castellano, e incluso para otros trabajos . «Por ejemplo, si quieren dedicarse a la judicatura, tendrán que pasar por varios destinos antes de poder instalarse en Baleares, lo mismo que si quieren ser fiscales o si quieren defender a algunos de sus clientes ante la Audiencia Nacional o el Supremo«.

Por último, la docente les recuerda su derecho de cátedra, recogido en el artículo 20.1 de la Constitución Española y transcribe el artículo 3 de la misma: « El castellano es la lengua oficial del Estado . Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

La Plataforma per la Llengua, conocida por espiar a los niños en los patios de los colegios de Cataluña para que los niños hablaran en catalán, ha elevado una queja a la Universidad pública de las Islas para que no « tolere estas actitudes »: «¿Qué piensa hacer para que todos vuestros profesores respeten la lengua propia de las Islas Baleares?», ha criticado.

Según el estudio de la Plataforma per la Llengua, «la imposibilidad de poder cursar los estudios universitarios en catalán conlleva que los futuros profesionales no estén acostumbrados a utilizar esta lengua y, además, dificulta la creación de un lenguaje jurídico y de especialización en catalán ».

La presión a los docentes de la UIB se produce mientras el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), con el apoyo del Govern de la socialista Francina Armengol , ultiman la primera campaña de fomento de la lengua catalana en el ámbito judicial para catalanizar la justicia. Como informó ABC, el plan incluye varias actuaciones como la elaboración de carteles en los juzgados para informar a los ciudadanos de sus derechos lingüísticos, en la línea de la Oficina de Derechos Lingüísticos que ya creó el gobierno balear en 2020 para «paliar el dolor de no hablar en catalán».

Además, se ofrecerán cursos de terminología específica y un diccionario de léxico para los funcionarios y se pondrá en marcha un software para la traducción automatizada al catalán de las sentencias en la gerencia territorial. También se estudia la posibilidad de contratar técnicos lingüísticos en los juzgados , pese a la acuciante falta de recursos que sufre esta administración.