Reino Unido tumba una ley escocesa que pretendía poner un tutor del Estado a los niños

En 2014, el Ejecutivo del Partido Nacionalista Escocés (SNP) aprobó la Ley de Niños y Jóvenes, en la que se preveía que a partir de agosto de 2016 todo escocés menor de 18 años contase desde su nacimiento con una suerte de tutor designado por la Administración, a fin de asegurar su bienestar y orientar a las familias. Los contrarios a la iniciativa la tildaron de «Gran Hermano» e «intrusión intolerable» en la privacidad familiar. Tras dos derrotas en los tribunales escoceses, ahora han ganado en la Corte Suprema británica, que obliga a pulir la ley.

Cuando se presentó la ley, el SNP explicó que su objetivo era «que Escocia sea el mejor lugar del mundo para que los niños crezcan». Pero muchas familias desconfían del proyecto, que ven como un proyecto de ingeniería social, práctica muy querida por todos los nacionalismos exacerbados. Ruth Davidson , la joven líder de los conservadores escoceses, una de las emergentes de la política británica, llevó en su programa electoral la derogación de la ley, por «antiliberal e intrusiva». Ahora celebra la sentencia de la Corte Suprema, que llega después de que la de Edimburgo tumbase por dos veces las denuncias de las familias calificándolas de «hiperbólicas»: «Esta sentencia simplemente nos dice que el SNP no sabe criar a los niños mejor que sus padres. Los padres van a poder sacar adelante a sus hijos sin interferencia del Estado», señala Davidson.

El tutor de cada niño, que lleva el nombre técnico de «Persona Designada», será un profesor, un trabajador social o un sanitario. Aunque los denunciantes han celebrado la sentencia como una gran victoria, lo cierto es que la Corte Suprema afirma que el espíritu de la ley es «incuestionablemente legítimo y benigno». Si la echa atrás es porque no ve garantizado que la información sobre los niños no se filtre, dejando así al aire datos de su salud, -enfermedades sexuales incluidas-, contraconcepción, embarazos… Por ello concluye que en su formulación actual la norma rompe el derecho a la privacidad y la vida familiar y contraviene la Convención Europea de Derechos Humanos.

A diferencia del separatismo catalán, el escocés se atiene siempre a la legalidad británica. El Gobierno del SNP ha acatado de inmediato la sentencia y responde que acometerá cuanto ante s las enmiendas necesarias para que la ley pueda implantarse. Los activistas contra la figura del tutor llamaban a la norma «la Ley de los Fisgones» y se manifestaban con pancartas de «No a un Gran Hermano en nuestros hogares».