Los regantes auguran una batalla legal ante el doble golpe al Tajo-Segura que ultima el Gobierno

El aviso sobre los planes del Gobierno llegó el lunes a través de una tribuna de la ministra titulada «Una nueva hoja de ruta para el trasvase Tajo-Segura» que ha reabierto enfrentamientos. En ella, Ribera anunciaba la modificación de las reglas de explotación con el objetivo de «incrementar los volúmenes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía, al tiempo que se reducen los volúmenes mensuales que se envían a las cuencas receptoras».

El Consejo Nacional del Agua votará la próxima semana que los desembalses automáticos que se producen cuando no hay una situación de sequía excepcional pasen de los actuales 38 hectómetros cúbicos (hm3) a 27 , y que el umbral de nivel óptimo de agua (cuando los desembalses pueden alcanzar los 61 hm3) comience en los 1.400 hm3, en vez de los 1.200 actuales.

Los regantes del Levante, los principales damnificados por la medida, están estupefactos. No entienden el momento en el que llega la medida. Se produce con las reservas en los embalses de cabecera muy por encima del nivel de excepcionalidad (a unos 800 hm3) y apenas un mes antes de que se saquen a información pública los nuevos planes hidrológicos de cuenca. «Dependiendo de los caudales [que fije el Plan Hidrológico], vamos a volver a tener que revisar las reglas de explotación», dice Jiménez. «¿Por qué esta celeridad? Esto genera cierta suspicacia en el Levante. Podríamos haber estado recibiendo 38 hm3 después de muchos años y resulta que no, que cambiamos las reglas para pasar a 27», apunta.

El otro cambio atañe a los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo, una cuestión pendiente desde que el Tribunal Supremo dictaminó en 2019 que debían incorporarse estos parámetros. Todo apunta a que el próximo borrador del Plan Hidrológico de cuenca elevará los valores en cerca de un tercio, algo que se trasladará en una reducción del agua disponible para ser desembalsada cuando entren en vigor en 2022.

Con todos estos cambios, según un estudio de Scrats, en un año ‘bueno’ la reducción podría ser de unos 78 hectómetros cúbicos , y «habrá años en los que no se trasvase nada», asegura Jiménez. Las consecuencias serán un encarecimiento medio del precio del agua de un 22% para los regantes , y un 18% para el consumidor. Un cálculo en el que no se incluyen los costos de ampliar la capacidad de desaladoras como la de Torrevieja, o interconectar infraestructuras, que es la apuesta del Ministerio. Pero para el presidente de Scrats, llegan tarde. Solo en ampliar infraestructuras «se van a ir a 7-8 años, pero los caudales van a aumentar ya. Esto no es Transición Ecológica».

«Las intenciones del Gobierno de Sánchez en relación al futuro del Trasvase Tajo-Segura ya no sorprenden a nadie. Se trata de una hoja de ruta perfectamente definida para cerrar el Trasvase », asegura el consejero murciano de Medio Ambiente, Antonio Luengo. Su Gobierno tiene claro que presentará alegaciones tanto al cambio en las reglas de explotación como a los caudales ecológicos, mientras Scrats avisa de que mirará «con lupa» el documento que salga de la Confederación Hidrográfica del Tajo. «La ministra impondrá, presionará… pero al final son los técnicos los que tienen que firmar ese trabajo. Terminaremos en los tribunales casi seguro», dice Jiménez.

También desde Fenacore muestran su recelo: «La Administración parece amparar posiciones beligerantes y contrarias a los regadíos, obviando la importancia de disponer de agua garantizada en las correspondientes cuencas», dice su director Andrés del Campo.

Mientras, la hoja de ruta de Ribera ya ha sido aplaudida por los socialistas castellanomanchegos. «Llevamos décadas exigiendo el fin del trasvase, llevamos décadas defendiendo los cauces de los ríos, llevamos décadas pidiendo frenar este expolio y yo creo que, cada día, estamos más cerca de que esto tenga un final », reaccionó la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre.