España lidera a nivel mundial los recortes en ayuda al desarrollo

La política pública de cooperación internacional se encuentra al borde del desmantelamiento en España. Solo en los últimos tres años, el presupuesto de ayuda al desarrollo se ha recortado en un 71% , según se desprende del informe “La realidad de la Ayuda 2012” de la ONG Intermón Oxfam al que ha tenido acceso ABC.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 suponen además “un nuevo hachazo de más de 300 millones de euros”. Esta restricción deja en una “situación extrema” a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) . Su presupuesto para el año próximo será de 264 millones de euros, un 29% menos que en 2012. En 2010, contaba con una provisión de 851 milones de euros, contra los 379 millones de euros en los que ya se había quedado en 2011.

“La política de cooperación se ha recortado proporcionalmente más que ninguna otra política social cuando su peso en el presupuesto es insignificante”, denunció la organización no gubernamental, a la

par que recordó la preocupación de la comunidad de donantes por el futuro de la cooperación en España. Y es que nuestro país era, hasta antes del inicio de la crisis, el quinto donante de Ayuda Oficial al Desarrollo dentro de la Unión Europea y séptimo en el mundo. “Un donante demasiado importante para fallar” asegura el informe de Intermón Oxfam.

La situación es aún “más grave”, señala la ONG, si se toman en cuenta los fondos aportados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Según los datos recopilados por la Coordinadora de ONGD de España, durante 2011 se ha llegado a “impagos por más de 70 millones de euros de recursos ya comprometidos, interrumpiendo proyectos en marcha y, situando a las ONG en una terrible tensión económica y financiera”.

Frente a este panorama, Intermón Oxfam pide al Gobierno “suficiencia presupuestaria que dé sentido a un sistema que pudea acreditar un nivel suficiente de actividad; priorizar la Aecid y dotarla de unos fondos nunca inferiores a los 500 millones de euros; impulsar iniciativas de lucha contra la evasión fiscal y aplicar una tasa a las transacciones financieras como nuevas fuentes de financiación para el desarrollo, entre otras.