PSOE y Podemos son los partidos que más atacan la libertad religiosa

«La libertad religiosa es ‘la prueba del algodón’ de los derechos humanos. Nuestra democracia no puede permitir que se produzca un número tan alto de ataques a la libertad religiosa, ya que es un derecho fundamental reconocido por todos los tratados internacionales», señala María García, presidenta de OLRC, una organización civil creada en 2006 para defender el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública sin ser discriminados por sus convicciones religiosas. Según este informe, los partidos políticos son los que más atacan la libertad religiosa en España. De los 200 casos que se contabilizaron en 2018, 121 tuvieron como responsables a las distintas formaciones políticas , sobre todo de izquierda (PSOE, Podemos, Izquieda Unida y Compromís).

«La mayoría de estos partidos llevan muchos años propugnando un laicismo beligerante que busca eliminar cualquier manifestación o símbolo religioso de la vida pública. La fe de los ciudadanos se manifesta en la vida personal pero también tiene una dimensión social que debe ser respetada. Los partidos deberían procurar que la libertad religiosa pueda ser ejercida por los ciudadanos con normalidad», señala la presidenta de OLRC.

La mayoría de los atentados que se produjeron en 2018 fueron episodios de marginación de la religión de la vida pública (90 casos), seguido de ataques a los lugares de culto (53) y escarnio a la religión (43). Estos tres tipos de agresiones aumentaron con respecto al año anterior, sobre todo los casos de laicismo beligerante, que pasó en solo un año de 62 a 90 casos.

El informe del Observatorio documenta estos incidentes caso por caso. Entre ellos destaca el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en octubre de 2018 para eliminar del Código Penal las ofensas a los sentimientos religiosos , al considerar que se tratan de «delitos medievales». Ese fue el «compromiso extrapresupuestario» del presidente de Gobierno para conseguir el apoyo de Podemos a sus cuentas públicas de 2019. Pero sobre la mesa del Ejecutivo también está la desamortización encubierta de la Iglesia a través de la elaboración de un listado por parte del Ministerio de Justicia de los bienes inmatriculados porparte de las instituciones eclesiásticas.

La lista de acoso y derribo contra la confesión mayoritaria es larga. El informe también recoge el fin de la exención del pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) solo para los bienes de la Iglesia, cuando las federaciones deportivas y todas las fundaciones también están exentas de ese impuesto. En el Ayuntamiento de Córdoba se aprobó el año pasado una iniciativa en ese sentido a propuesta de PSOE y a la que se sumaron Ganemos (Podemos) e IU.

La asignatura de Religión también ha estado en el blanco del partido socialista. El PSN-PSOE solicitó en febrero del año pasado la comparecencia de la consejera de Educación de Navarrra por permitir que los padres puedan elegir a través de la hoja de preinscripción a Infantil y Primaria la asignatura de Religión para sus hijos.

La marginación de la religión de la esfera pública llega incluso a extremos tan absurdos como el caso del alcalde de Palafolls (PSC-PSOE) en Cataluña, Valentí Agustí, que llegó a ofrecer una subvención económica a los exmilitares de su población a cambio de que no participaran en la procesión de los Caballeros Legionarios en el desfile de Jueves Santo.

El laicismo radical se hizo presente también en los numeros ataques a los lugares de culto, que subieron el año pasado con respecto a 2017 (de 44 a 53). La mayoría (37) tuvo lugar en el mes de marzo «sin duda motivado por los ataques realizados por grupos feministas radicales durante el 8 de marzo, Día de la Mujer trabajadora », señala el informe. «Un día que debería ser de celebración se convierte, para grupos feministas radicales en una jornada para atacar las creencias de los demás, demostrando su intransigencia», remarca García.

La Comunidad Valencia se convirtió además en la autonomía con más atentados contra la libertad religiosa (30 casos). La mayoría estuvieron relacionados con ataques a los lugares de culto e iniciativas vinculadas al laicismo beligerante del Gobierno socialista de Ximo Puig junto a sus socios de Compromís .