El PSOE pide que las menores que hayan sido víctimas de violencia de género puedan abortar sin consentimiento paterno

Como ya adelantó ABC, la gestación subrogada y el aborto iban a ser dos de las cuestiones que formarían parte de las reclamaciones de los partidos de izquierda.

Así, el PSOE vuelve a la carga con el eximente de consentimiento de los progenitores para que las menores de 18 años puedan abortar, siempre y cuando sean víctimas de violencia de género. Igualmente, lo hace extensivo a las que se encuentran «en desarraigo, desamparo y otras circunstancias que las hagan especialmente vulnerables».

El caso de la gestación subrogada , sobre la que se muestran en contra, lo recogen entre sus 20 votos particulares afirmando que hay que «considerar las reflexiones de los expertos que han comparecido en la Subcomisión y que han planteado incluir la explotación reproductiva como una forma más de violencia contra las mujeres».

En cuanto al derecho de dispensa , los socialistas piden la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «con el objeto de restringir el alcance del mismo cuando el pariente exento es además de testiga, víctima de violencia de género; excluyendo a la misma de la posibilidad de acogerse a la dispensa de la obligación de declarar en contra de sus maridos o parejas de hecho».

Todo ello, indica el voto particular del PSOE, «sin perjuicio de que se lleven a cabo las reformas legales procesales pertinentes para evitar perjuicios a la testigo víctima de violencia de género, como consecuencia de su declaración en el acto del juicio oral«.

Otro de los votos particulares se refiere a que se adopten «las medidas normativas que permitan la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de la percepción de la renta activa de inserción en las situaciones de violencia de género, con cargo a la imposición general, con el fin de posibilitar el acceso a la pensión de jubilación de las mujeres que padecen esta violencia».

Igualmente, plantean que se realicen «las reformas legislativas pertinentes para evitar el uso de la custodia compartida como impuesta o preferente, ya que la ley lo recoge como excepcional».

Los socialistas también quieren que se garantice la presencia de la guardia civil especializada en todos los puestos y unidades territoriales y que entre las especialidades de este cuerpo se incluyan las «unidades de violencia de género».

Finalmente, entre las propuestas más destacadas, tambien hay que hacer referencia a la petición para que se reintroduzca en el Código Penal la figura de la «tercera locativa en los términos del Convenio de Naciones Unidas, lo que permitirá desmantelar la industria del sexo». Así, piden «reintroducir la figura de la penalización de todo tipo de proxenetismo lucrativo medie o no consentimiento de la persona prostituida» y se «sancione la demanda y compra de prostitución».

Ciudadanos defiende en los siete puntos de su voto particular que las administraciones públicas que deseen elaborar programas o proyectos derivados del Pacto de Estado tengan que redactar informes o estudios que los justifiquen y avalen.

Asimismo, entiende que las asociaciones que opten a financiación pública tengan que presentar un informe con objetivos , actividades e indicadores de medición concretos.

Esos informes deberán ser remitidos a la comisión de seguimiento del Pacto para su seguimiento, evaluación y fiscalización, incluyendo una valoración de la eficiencia de la actuación.

Además, considera necesario estipular una serie de condiciones preceptivas y obligatorias a la hora de renovar o prolongar fondos, entre ellas la valoración de la eficiencia.

Ciudadanos pide que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con el Instituto de la Mujer y el Observatorio Estatal de Violecia sobre la Mujer reciban también toda esa documentación para elaborar sus propios informes anuales, públicos y enviados también a la comisión de seguimiento.

Para poder ejercer sus funciones, Ciudadanos quiere que esa comisión de seguimiento pueda requerir información de las administraciones competentes y organizaciones responsables del desarrollo de programas y proyectos, solicitando incluso comparecencias de sus responsables. Toda la información, concluye, debe ser de acceso público.

Por su parte, Podemos, que ha presentado 34 votos particulares insta a garantizar el derecho de todas las mujeres al acceso a las técnicas de reproducción asistida independientemente de su situación civil u orientación afectivo-sexual, y a derogar la reforma de la ley del aborto para «reforzar la protección en infancia y adolescencia». Igualmente, plantea crear un protocolo específico para los casos de violencia de género contra mujeres lesbianas, transexuales y transgénero.

Enrelación a los plaos de aplicación del pacto, quieren que las medidas estén contempladas en textos legislativos aprobados y en vigor antes del 31 de diciembre de 2017, ampliando la fecha hasta el primer trimestre de 2018 para las nuevas medidas que requieran una dotación presupuestaria que no esté reflejada en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.