El PSOE apoya parte de la polémica propuesta de Bildu y Podemos que quiere hundir el castellano

Finalmente, tres han recibido su aprobación. Los puntos aprobados de la PNL han sido el cuarto, el séptimo y el octavo.

El primero sostiene la necesidad de «impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan».

Este punto se refiere al asturiano, al aragonés y al leonés, que son lenguas no oficiales y habladas por muy poca gente. «Hay movimientos que reclaman su oficialidad, reivindicación que, en principio puede parecer bien, con el fin de conseguir su promoción; sin embargo, los movimientos que piden su oficialidad están imbuidos de nacionalismo y pretenden en un plazo corto copiar todas las medidas que se aplican principalmente en Cataluña : estabecer el idioma como requisito para ser funcionario, extender la inmersión hasta hacerla obligatoria, redactar preferentemente los documentos públicos en lengua cooficial. El objetivo es, pues, la dispersión lingüística y eliminar la eficacia de una administración con lengua común», analiza Julián Ruiz-Bravo , secretario de «PLIS Educación, por favor».

Para Marta Martín , diputada de Cs, este punto supone «la babelización de España a largo plazo si se consolidan más barreras lingüísticas para la movilidad de ciudadanos. El problema no es reconocer las lenguas es imponer barreras a los ciudadanos».

El otro punto aprobado es el siete, que aboga por «permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio linguístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos».

Se refiere principalmete a Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. «El objetivo es desactivar una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza la pretensión de la Generalitat valenciana y catalana de dar preferencia al catalán en las comunicaciones entre entidades administrativas de Cataluña, Valencia y Baleares, obviando que la mayor parte de estas comunidades tiene como lengua materna el castellano y obviando que en estas comunidades hay territorios de lengua propia castellana», explica Ruiz-Bravo.

La alusión a los medios de comunicación preocupa más. «Quiere romper con las leyes que rigen las concesiones públicas de las televisiones y radios autonómicas . Los medios de comunicación autonómica tienen, por ley un ámbito, autonómica, de tal forma que la televisión andaluza o madrileña no deberían verse fuera de Andalucía o Madrid. Los nacionalistas pretenden anular estas leyes para obtener ventaja competitiva, con excusa de unidad lingüística, mientras niegan a las televisiones autonómicas que emiten en castellano, y para fortalecer el carácter nacionalista e independentista de los llamados Países Catalane s», apunta Ruiz-Bravo.

Para Martín, «es un paso más a algo que de facto están haciendo los nacionalistas etnolingüísticos catalanes y vascos: que es colonizar Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra y consolidar su imperialismo lingüístico . Algo que sobre el papel podría parecer razonable, sobre la realidad ha sido de facto la negación de la especificidad de modalidades lingüísticas sobre las que ellos sí quieren imponer las suyas con todo el entramado no solo ideológico sino también económico que comporta. Todo esto admitiendo el concepto xenófobo de lengua propia que señala a los valencianos, catalanes, vascos o asturianos que mayoritariamente tienen el castellano como lengua materna»

El último punto aprobado ha sido el octavo: «Respeto real, basado en derechos y deberes y en la actuación comprometida de todos los poderes del Estado».

Este es el punto menos conflictivo de toda la PNL, «pero dependerá del redactado final que adquiera en una ley o en un reglamento », advierte Ruiz-Bravo.

Podemos junto a otras nueve formaciones políticas (EH Bildu, ERC, CUP, BNG, JxCat, Pdecat, PNV, Compromís y Más País) presentaron el martes en el Congreso la polémica PNL en la que se insta al Gobierno, en otro de los puntos, a « asumir la realidad plurilingüe y garantizar que la administración del Estado funcione en la diferentes lenguas independientemente de su ubicación física , entre otros, en las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, Supremo y la Audiencia Nacional u organismos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social u otras empresas y entidades públicas como RTVE».

También se pedía «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal , que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado, y emprender una política decidida para acabar con las discriminaciones lingüísticas y para difundir el conocimiento y el respeto por todas las lenguas del Estado».

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra dijo el pasado martes sobre la PNL que «queremos dar garantías jurídicas y, si no se aceptan, votaremos en contra».