La prohibición del burka en Holanda se revela imposible de aplicar

Las personas que pretendan acceder a los espacios definidos en la ley con una de esas prendas tienen que elegir teóricamente entre retirarla o pagar una multa de entre 150 y 415 euros. Sin embargo, la policía ha dicho que la persecución de este delito no es una prioridad y que su aplicación podría llenar las comisarías de mujeres musulmanas de asuntos conflictivos, tanto de personas acusadas de incumplir la ley como de mujeres que se quejan porque consideran que se violan sus derechos en otros lugares.

En respuesta, los responsables de las empresas de transporte público han dicho que en tal caso, no pedirían a su personal que supervisa los trenes, metros, tranvías o autobuses que asuman una función de cumplimiento de la ley en ausencia de oficiales de policía. Un portavoz de la red de transporte público de Ámsterdam comunicó que «la policía nos ha dicho que imponer el respeto a la prohibición no es una prioridad para ellos y que, por lo tanto, cuando les llamemos no podrán responder dentro de los 30 minutos habituales, si es que lo hacen». El portavoz dijo también que ellos no han pedido la prohibición y que «el transporte debe seguir funcionando, no podemos parar un tren porque haya un conflicto con una pasajera que lleva un burka».

La confusión se extiende incluso a los hospitales públicos, donde hay áreas que se consideran «zonas personales» o en los museos, puesto que los públicos pueden prohibirla, pero no están obligados a hacerlo los de titularidad privada.