El juez Ferrín Calamita, en una imagen de archivo
El juez Ferrín Calamita, en una imagen de archivo - ABC

El TS prohíbe volver a ejercer al juez que se negaba a que una lesbiana adoptara a la hija de su pareja

Tras cumplir una inhabilitación de 10 años por prevaricación, el TSJ de Murcia y la Fiscalía se opusieron a su reingreso por su «auténtica compulsión homófoba»

Madrid Actualizado: Guardar
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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha denegado la rehabilitación a la carrera judicial de Fernando Ferrín Calamita, que fue condenado en 2009 por el Tribunal Supremo a diez años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por un delito de prevaricación dolosa. El recurrente, que era juez de Familia de Murcia, retrasó los trámites de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la niña.

Los magistrados confirman de esta forma el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 26 de abril de 2018 que rechazó la petición de rehabilitación y de reingreso al servicio activo en la carrera judicial de Ferrín Calamita al considerar que el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial supuso la privación definitiva del cargo de magistrado.

El tribunal considera que la entidad del delito de prevaricación dolosa del artículo 446 del Código Penal –por el que se condenó al recurrente- «parece difícilmente compatible con la idea de rehabilitación atendida la gravedad del delito, el daño por el servicio público a la justicia y la relación directa con el desempeño del cargo».

La sentencia, de la que ha sido ponente José Manuel Sieira, recuerda que el delito de prevaricación es uno de los más graves que puede cometer un miembro de la carrera judicial en cuanto quiebra la esencia del Poder Judicial y la conducta mínimamente exigible a quien lo encarna. Añade también que la Sala no puede obviar la diferencia sustancial entre el delito del artículo 446 del Código Penal prevaricación dolosa y el de prevaricación culposa del artículo 447 del Código Penal.

En este caso, «estamos ante un delito de mayor gravedad», señala la Sala, lo que hace que «el perjuicio para el servicio público sea indudablemente mayor», como también son más graves los hechos, por el carácter doloso de la conducta, y la condena que le impuso la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

«Ideología o meta jurídica»

Tampoco puede obviarse, según la sentencia, el informe emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de fecha 27 de marzo de 2018, que recoge los datos relacionados con la capacidad para el ejercicio de la función judicial que se contempla en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, se refiere al trastorno ansioso depresivo que el recurrente manifiesta padecer desde hace años, que le obliga a pedir la baja. También alude a las «convicciones derivadas de su ideología jurídica o meta jurídica», expresión usada en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenó al recurrente por prevaricación dolosa, que entran en conflicto con la nueva redacción dada al Código Civil por la ley que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley que contempla la posibilidad de que el adoptado fuera hijo del consorte del adoptante. Dicho informe mencionaba la opinión del fiscal que era partidario de la denegación de la pretensión deducida no solo por la gravedad de las conductas, sino por la descripción de su actuación como «una auténtica compulsión homófoba».

Como consecuencia de ello, la Sala concluye que en este caso concurren circunstancias especiales que hacen que la rehabilitación del hoy recurrente «no proceda conforme a los criterios que la jurisprudencia ha venido estableciendo con carácter general».