Profesores rectifican a Armengol: «Hay jurisprudencia para dar un 25% de clases en castellano en Baleares»

«Esta resolución desestima el recurso de la Generalitat de Catalunya, no dicta sentencia y por lo tanto no genera jurisprudencia», zanjó Armengol este martes en el Parlamento balear en respuesta a la diputada de Ciudadanos, Patricia Guasp, que preguntó si replantearía su proyecto lingüístico en la futura Ley balear de Educación. La presidenta del Govern afirmó que el modelo lingüístico «está consensuado, pactado y no hay ningún fallo judicial en contra».

La reciente decisión del Supremo añade más dudas legales a la llamada Ley March –en alusión al conseller de Educación-, que actualmente está en trámite parlamentario, y que en su artículo 134 dice que «para que la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, mantenga la función de referencia y de cohesión social, los centros pueden implementar estrategias educativas de inmersión lingüística». Un reconocimiento explícito al modelo de inmersión lingüística que no estaba recogido en el Decreto de Mínimos actualmente en vigor, y que, nuevamente, ha sido rechazado por la justicia.

«La respuesta de Armengol alegando que no hay jurisprudencia que imponga el castellano como lengua vehicular en al menos el 25% del horario lectivo y, como mínimo, en una asignatura o materia troncal o análoga es falsa y demuestra la ausencia de escrúpulos legales de los nacionalistas cuando deciden no acatar el ordenamiento jurídico», denuncia PLIS. Educación, por favor. La asociación de profesores defensores de la escuela «como lugar de aprendizaje» dice que «es imposible» que Armengol ignore esta jurisprudencia y le recuerda que el Defensor del Pueblo ya instó a cumplirla a su propio conseller de Educación, Martí March, hace un año.

El pasado 16 de diciembre de 2020 , el Defensor del Pueblo dio un tirón de orejas a la Conselleria de Educación de Baleares , recordándole que el alto tribunal atribuyó a las comunidades autónomas la competencia para determinar la proporción razonable de la enseñanza en lengua castellana y en la lengua oficial de la comunidad autónoma, y que el Tribunal Supremo terminó fijando en un mínimo del 25% para la enseñanza en castellano. «Partiendo de esta doctrina, que fija de forma unánime que el castellano y el catalán deben tener la consideración de lenguas vehiculares de enseñanza bajo un modelo educativo plurilingüe, el derecho a recibir enseñanza en castellano no es absoluto e incondicionado, al estar configurado dentro del marco de la programación educativa» diseñada por la Administración educativa autonómica, que debe garantizar la proporcionalidad de las lenguas vehiculares, sin que en ningún caso pueda ser inferior al 25% para la enseñanza en lengua castellana», argumentó.

Esta respuesta del entonces Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, respondía a una queja presentada por la asociación PLIS. Educación, por favor, ante el hecho de que la gran mayoría de los proyectos lingüísticos de Baleares no garantizaban un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano , a lo que el departamento de Martí March alegó que no encontraba «ninguna referencia a la normativa que supuestamente prescribe que el 25% de las horas lectivas tiene que ser en lengua castellana».

Este martes, la diputada de Ciudadanos, Patricia Guasp se mostró preocupada de que el gobierno tripartido formado por PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca no tome nota de esta resolución del Supremo y de la jurisprudencia de 2014 y 2015. «Lo que ha vuelto a decir el Supremo es que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales para evitar el uso simbólico o residual de la lengua castellana, y que además el porcentaje de las horas de lengua castellana no pueden ser inferiores al 25%, que ahora quieren blindar este despropósito en una ley», recriminó Guasp.

Ciudadanos alertó de que el artículo 133.3 de la Ley balear de Educación es contraria a las sentencias del Supremo, al Constitucional, al Defensor del Pueblo, a la legalidad y la propia Constitución. «Escuche a su compañero Salvador Illa, que ha dicho que le hace daño que se defienda el catalán contra el castellano , y no haga seguidismo del señor Aragonés. Dejen de atacar el bilingüismo y apoyen las enmiendas de Ciudadanos a la ley educativa», instó Guasp.

Desde el PP, emplazaron al conseller Martí March a escoger «entre el sentido común y la radicalidad de sus socios», y le pidieron que «reflexione sobre el peso de la lengua propia en el sistema educativo balear». En su réplica, el conseller mantuvo la misma línea argumental de que la sentencia del Supremo no tiene ningún efecto en Baleares y que él sólo «puede responder sobre las cosas que pasan en las Islas».