El presidente de Portugal envía la ley de eutanasia al Tribunal Constitucional

El presidente evita entrar en la argumentación centrada en el derecho a la vida, pero en cambio subraya «la subjetividad de criterios» que exhibe el diploma legal. Además, cree que en absoluto se trata del contexto más oportuno para impulsar una normativa de estas características, toda vez que la cifra oficial de muertos por el devastador covid-19 alcanza ya los 16.000 en una nación que apenas supera los 10 millones de habitantes.

«Considerando que recurre a conceptos excesivamente indeterminados, en la definición de los requisitos para despenalizar la muerte médicamente asistida, el presidente de la República decidió someter a fiscalización preventiva de constitucionalidad el decreto que regula las condiciones especiales de este tipo de muerte, pues anticipa que no es punible y altera, por tanto, el Código Penal», destaca Marcelo Rebelo de Sousa, quien recurre a esta maniobra por segunda vez desde que asumió la jefatura del Estado en 2016. La primera oportunidad fue con ocasión de la ley de vientres de alquiler, que al final no ha llegado a entrar en vigor.

El presidente, que es precisamente profesor de Derecho, detalla qué aspectos concretos quiere que se revisen para certificar (o no) su constitucionalidad, pero especifica que «no es objeto de este requerimiento la cuestión de saber si el concepto de eutanasia se ajusta a la Constitución». Uno de los puntos que más le preocupa es cómo se determina «la situación de sufrimiento intolerable», antesala para aplicar o no la posibilidad de la eutanasia, de acuerdo con el texto al que dio luz verde el Parlamento.

También explica que esta materia se halla en primer plano del «cuadro de derechos, libertades y garantías de los portugueses porque tiene que ver con el derecho a la vida y afecta igualmente a la libertad de su limitación, dentro de la dignidad de las personas».

Rebelo de Sousa deja muy claro que «al no suministrar a los médicos criterios firmes para interpretar todos estos conceptos, se crea una inseguridad jurídica que debería evitarse en un tema tan sensible».

La actuación presidencial ha sido elogiada desde diversos sectores, especialmente desde la Conferencian Episcopal Portuguesa. De hecho, los obispos lusos ya habían manifestado su «tristeza e indignación» por la norma que se aprobó a finales de enero, gracias a los votos del Partido Socialista, de 14 diputados del conservador PSD, del Bloco de Esquerda, del Partido Animalista, de los Verdes y de Iniciativa Liberal.

Se pronunciaron en contra nueve parlamentarios socialistas, 56 del PSD y todos los del CDS (Centro Democrático y Social), Chega (equivalente a Vox) y el Partido Comunista.