El tinerfeño José Miguel Báez
El tinerfeño José Miguel Báez - ABC
Cursos de recuperación de puntos del carné

El presidente de la patronal de las autoescuelas se defiende: «CNAE jamás ha tenido ningún monopolio»

Muy irritado por las informaciones de ABC sobre la sentencia de la Audiencia Nacional, que pide anular el sistema de gestión de los cursos, José Miguel Báez, presidente de la patronal de las autoescuelas, matiza algunas cuestiones

Madrid Actualizado: Guardar
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El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, aclara en ABC diversos aspectos relativos al reciente fallo de la Audiencia Nacional, hecho público el pasado 24 de enero, en contra de la concesión administrativa para el programa reeducador del permiso por puntos.

La Audiencia dice que hay que anular el sistema que ha habido hasta ahora. Y es CNAE (en UTE con otras entidades) la que gestiona los cursos en toda España.

Pero nadie nos ha regalado nada. Hemos ganado los concursos convocados por las diversas administraciones (salvo el primero en Cataluña, que lo ganó el RACC), algunos de ellos después de apelar al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Las bases de esos concursos han sido diseñadas por las autoridades (la DGT, la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco -TRAFIKOA- o el Servei Català de Trànsit). De modo que la Audiencia no ha fallado en contra de la adjudicación a CNAE, sino del sistema de la concesión administrativa, en cuanto tal. Y este fallo, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, no acaba con el monopolio de CNAE, por la sencilla razón de que CNAE no ha tenido jamás ningún monopolio.

Se le nota a usted particularmente irritado por el uso del vocablo «monopolio», que utilizó Audica, la asociación que denunció y recurrió el sistema

Es necesario distinguir el monopolio de la concesión administrativa. No sólo existen diferencias sensibles en cuanto al tiempo y a las condiciones de explotación, sino que para poder disfrutar de una concesión administrativa hace falta presentarse a un concurso público y ganarlo, lo que no sucede con los monopolios.

En este punto es importante destacar que cuando comenzó el permiso por puntos, la DGT y, más tarde, los Gobiernos catalán y vasco convocaron los respectivos concursos para gestionar el programa reeducador. En todos los casos era obligatorio concurrir con un número mínimo de centros. Recuerdo que la Confederación apenas logró juntar la cantidad mínima exigida. Imagino que el resto de las candidaturas también se las vio y se las deseó para cumplir los requerimientos técnicos de los pliegos.

«Si la DGT lo hubiera hecho como en Cataluña y el País Vasco, nos hubiésemos ahorrado multitud de sinsabores y quebraderos de cabeza»

En esta segunda oportunidad, la DGT preparó una licitación similar a la del primer concurso, mientras que las administraciones catalana y vasca optaron por separar la gestión del tema de los centros la gestión de la impartición de los cursos. En Cataluña y el País Vasco, los centros los han elegido las autoridades, tras el pertinente concurso público. Es la opción que hubiese preferido la Confederación en toda España. Nos habríamos ahorrado multitud de sinsabores y quebraderos de cabeza.

Pero se les acusa de beneficiar a unos pocos centros en el concurso de la DGT

Fue la Dirección General de Tráfico la que limitó el número de centros, fijando un mínimo de 270 y un máximo puntuable de 295. Y, si hoy son 360 los que imparten el programa reeducador en el territorio DGT, es gracias a la UTE de CNAE, que ofreció como mejora voluntaria 65 centros más que cualquiera de las restantes candidaturas.

Pero, ¿cómo han sido elegidos los centros?

Un comité de expertos seleccionó los más idóneos en cada uno de los 5 lotes en que estaba dividido el territorio. Fue una operación muy compleja porque hubo que hilar muy fino. Le pongo un ejemplo: en ocasiones fue decisiva la proximidad del centro propuesto a un medio de transporte público. Es ocioso añadir que todos los centros debían reunir una serie de características físicas y técnicas (al menos dos aulas, acceso universal, equipos informáticos, etc) que figuraban en los pliegos de la licitación. Tampoco resultó fácil lograr una distribución de los centros que se ajustase a lo requerido por la DGT.

Al final ha merecido la pena, porque las cantidades de dinero que se barajan por estos cursos son muy importantes

La facturación anual no es, ni por asomo, la que ha barajado algún medio informativo; y luego hay que descontar los gastos, que son cuantiosos. No sólo tiene usted que acondicionar y mantener el centro; también es necesario formar a uno o varios profesores especializados, contratar psicólogos y víctimas de accidentes de tráfico (que intervienen en el programa reeducador), etc.

En cuanto a la UTE de CNAE, soporta todo el peso de la gestión, lo que requiere un equipo humano y unos medios técnicos importantes. Para que se haga usted una idea, sólo las inspecciones de los centros requieren el trabajo de tres personas. De negocio fabuloso, nada de nada.

La Audiencia arguye que el interés general parece incompatible con el modelo de la concesión administrativa

La limpieza de las ciudades, por ejemplo, ¿es de interés general? ¿Lo son el transporte aéreo y el transporte de pasajeros por carretera? Existen numerosos ejemplos de servicios públicos de interés general que se ofrecen en régimen de concesión.

Pero en el modelo francés basta la autorización para abrir un centro.

Sobre el modelo francés, le diré que la diferencia con el español no reside en que en Francia la concesión de los cursos de reeducación vial se organiza desde la Administración Central, como he leído en alguna parte. La diferencia es que el gobierno galo, lavándose las manos, concedió una autorización administrativa para impartir dichos cursos a un montón de entidades diversas: autoescuelas, centros de mayores, asociaciones de transportistas, clubes sociales, peluquerías… No es de extrañar que el sistema haya fracasado por incontrolable. Aquí ha sido un éxito, confirmado por las auditorías y diversos informes universitarios. Y lo ha sido porque se ha ejercido un control estricto de los cursos y de la asistencia de los alumnos. Además, los centros están sometidos a exhaustivas inspecciones.

¿Recurrirán ustedes el fallo de la Audiencia?

Por supuesto. La UTE de CNAE entiende que no hay ningún motivo de peso para modificar radicalmente lo que ha dado tan buen resultado hasta la fecha (a la vista está el espectacular descenso de las víctimas mortales y heridos graves en nuestras carreteras, desde que comenzó a funcionar el permiso por puntos). Sería la primera vez que algo que ha demostrado ser eficaz se cambia, invocando un principio abstracto, muy respetable, muy noble y casi siempre muy útil (como la libertad de mercado), pero principio, al fin y a la postre. A veces nos invitan desde el extranjero para que vayamos a explicarles el modelo español del permiso por puntos. Y lo hacemos con gusto porque estamos orgullosos de lo conseguido. ¿El secreto? como dije antes, el control, el rigor, la seriedad. El programa reeducador del sistema es susceptible de mejoras, como todo en la vida, pero no necesita una revolución. La seguridad vial es un bien de primera necesidad. No juguemos con ella.