La presidenta del Consell de Mallorca no descarta ceses por la explotación sexual de menores tutelados

«Si más adelante se viera que hay alguna responsabilidad política , evidentemente no habría ningún problema, pero yo creo precisamente que los responsables políticos que hay en este momento no han tomado ninguna medida para aumentar el problema, que sería donde tendríamos un problema, sino todo lo contrario», ha afirmado Cladera en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

Cladera ha recalcado, además, que «estamos ante un problema muy grave» que merece «un tratamiento por parte de todos, y sobre todo de los que tenemos una responsabilidad política, mucho mejor del que se está haciendo». En ese contexto, ha criticado a la oposición, en especial al PP y a Vox, porque estarían haciendo un «uso político» de ese problema. En la oposición se encuentran también el partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI) y Cs, que hasta ahora han sido menos críticos con el equipo de gobierno que preside Cladera, conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS. Dicho tripartito gobierna también en el Ejecutivo balear, bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol.

Cabe recordar que los centros de protección de menores en Baleares son de acogida —o tutelados— y de internamiento. Los primeros son gestionados por los consells insulares. En cuanto a los centros de internamiento, que son sólo para menores con antecedentes, son controlados por el Gobierno balear a través de la Consejería de Asuntos Sociales.

La actual controversia política y social en torno a los menores tutelados se inició en enero, tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó . Hace un mes trascendió también la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas. Paralelamente, el Govern dio a conocer que desde 2016 había despedido a cinco trabajadores de sus centros de internamiento por «conductas sexuales inadecuadas» con menores.

En ese contexto, el PP, el PI y Cs presentaron la pasada semana una moción conjunta en el Consell de Mallorca proponiendo la creación de una comisión de investigación en la institución insular sobre los menores tutelados víctimas de explotación sexual o de abusos, que fue rechazada por el tripartito. En la Cámara regional, Cs y Vox presentaron el pasado martes sendas proposiciones en el mismo sentido, pero fueron igualmente rechazadas por las tres formaciones que apoyan al Ejecutivo de Armengol.

El Consell de Mallorca sí aprobó hace una semana, por vía de urgencia, una moción conjunta del PSOE, Unidas Podemos y MÉS para crear una comisión de expertos. Su coordinador será el catedrático Jorge Carlos Fernández del Valle. Para Cladera, esa opción sería la adecuada para aportar soluciones a la problemática que afecta a los menores tutelados. «Es mucho mejor que lo hagan profesionales independientes de la política», ha señalado la presidenta insular, que ha añadido que lo que se pretendía con la comisión de investigación finalmente rechazada era «seguir en este debate de bronca, de desgaste y de uso partidista de la situación, que lamento muchísimo».

Cladera ha enfatizado que habría que poner el foco en los agresores y en los abusadores de niños y niñas, «que además van en aumento dentro de nuestra sociedad». En ese sentido, ha pedido la colaboración de todas las instituciones insulares y ha dicho que es necesario seguir trabajando conjuntamente, como se habría hecho hasta ahora, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Fiscalía.

La presidenta insular ha señalado que fue en 2015 cuando los técnicos del Consell alertaron de un incremento en los casos de explotación sexual infantil de menores tutelados. A raíz de esa advertencia, se creó en 2016 una comisión específica conformada por el Govern, el Consell de Mallorca, la Guardia Civil, la Policía y la Fiscalía para tratar sobre esa problemática. Finalmente, en 2017 se puso en marcha un protocolo concreto para intentar detectar esos casos. «Evidentemente, tenemos que hacer más», ha reconocido. Por último, ha recordado las iniciativas puestas en marcha en las últimas semanas.