El PP pide la comparecencia urgente de Castells y le pregunta por la constitucionalidad de su nueva ley

El partido de Pablo Casado pregunta a Castells por la información exclusiva adelantada por ABC el pasado 28 de agosto: la eliminación del Rey de la expedición de títulos. Concretamente, plantean al Gobierno « qué título competencial de la Constitución española ampara que un rector pueda expedir los títulos universitarios oficiales de validez en España según el tenor del artículo 8.1 del anteproyecto de ley orgánica».

El PP también indaga sobre un ambiguo artículo (107) que alude a que las universidades privadas y los servicios que presten «se someterán al régimen fiscal que les sea aplicable en función de la naturaleza y de dichos servicios ». Los populares plantean qué consecuencias prácticas se derivan de la redacción de este artículo para los campus privados. El ministerio eliminó del texto distribuido tras el Consejo de Ministros del pasado 31 de agosto una polémica disposición adicional que aludía a que las universidades privadas no estarían exentas de IVA. Dicha disposición fue publicada el sábado 28 por ABC y emanaba de un texto ya aprobado en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios el jueves anterior.

Por otro lado, el partido se pregunta «por qué se introducen normas que eluden o ignoran los principios de mérito y capacidad exigidos por la Constitución o dan paso a la arbitrariedad en la selección de los empleados públicos?». La cuestión se plantea por artículos como el de la « promoción de la equidad » en el que se señala que se podrán establecer medidas « en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres ». El partido de la oposición también pregunta sobre las ventajas «que ha visto el ministerio en incrementar los órganos de las universidades y en consolidar su pesada estructura y gobernanza eludiendo las reformas demandadas desde las propias universidades y los informes de diagnóstico elaborados por expertos en los últimos quince años que aconsejaban menos burocratización, estructura menos pesadas y mayor flexibilidad».

Esta pregunta alude a que la nueva norma agranda, por ejemplo, el Consejo de Universidades de los campus con la entrada del estudiantado y los consejos sociales . También se fija un mínimo para la participación de los estudiantes en el Consejo de Departamento y en el de Facultades y Escuelas (la representación del deberá ser como mínimo de un 25%) y se le pone un tope (20%) a los Consejos Sociales.

El PP cuestiona, por último, tal y como advirtió este periódico, la eliminación de la figura de los contratados doctores . Estos son docentes e investigadores, con contrato laboral de carácter permanente y dedicación a tiempo completo y, desde el año 2000, el primer escalón estable en la carrera docente .

En el texto distribuido tras el Consejo de Ministros la eliminación se intenta solventar y se propone como alternativa que las universidades puedan «contratar a personal docente e investigador permanente mediante contratos de carácter indefinido, con dedicación a tiempo completo y con niveles comparables a los del personal docente e investigador funcionario». Sin embargo, con esta ‘nueva versión’ del profesor contratado doctor, la LOSU devalúa la carrera funcionarial de titulares y catedráticos . ¿Por qué? Porque en la ley vigente, el contratado doctor es el primer paso para luego ser titular y después catedrático. La ‘ley Castells’ elimina estos pasos y establece que habrá categorías laborales equivalentes a profesor titular y profesor catedrático. El PP entiende que la figura del contratado doctor no es recuperada y denuncia que los contratados a los que alude la nueva norma «no son de ninguna de las categorías de la LOSU y tampoco de la Ley de Ciencia».