Polonia y Hungría impiden un acuerdo para reconocer los derechos de los matrimonios gays

«Hoy no nos queda más que constatar el fracaso de las negociaciones. No hay acuerdo político unánime», señaló el ministro luxemburgués de Justicia, Félix Braz, tras el debate con sus homólogos de los Veintiocho, que presidió por última vez.

Los ministros tenían previsto aprobar dos reglamentos, que llevan casi cinco años en negociaciones en el Consejo, sobre la jurisdicción, la legislación aplicable y el reconocimiento y cumplimiento de decisiones judiciales en materia de regímenes patrimoniales matrimoniales y de consecuencias patrimoniales de la uniones registradas.

El objetivo de estas medidas era determinar qué juez tiene competencia para decidir sobre un caso , por ejemplo cuando se produce un divorcio entre parejas de distinta nacionalidad, así como el reconocimiento de las sentencias en toda la UE.

La delegación polaca explicó en su intervención que su país no puede apoyar las propuestas porque considera que no respetan el principio de subsidiariedad y que interfieren en la legislación nacional, al tiempo que abogó por negociarlas por separado para intentar llegar a un acuerdo que permita una aplicación «más amplia y voluntaria».

Hungría, por su parte, apoyó el argumento polaco y detalló que su rechazo se debe a que considera que estas normas infringen «la identidad nacional» al ir contra «las tradiciones y los valores relacionados con la familia».

Los demás países de la UE se mostraron decepcionados por este movimiento de última hora para frenar un acuerdo en el que llevan años trabajando, y se negaron en bloque a negociar las medidas por separado.

«Europa no se puede construir sobre ningún tipo de discriminación, vamos a tener que encontrar otras maneras de resolver estos problemas que conciernen a millones de personas. Esto es un paquete de dos reglamentos, no podemos fragmentarlos», afirmó el ministro sueco de Justicia, Anders Ygeman.

La titular francesa, Christiane Taubira, por su parte subrayó que «se trata de la vida de personas que gozan de libre circulación en nuestro espacio y que deben conocer cuales son los efectos de su unión para ellos y sus descendientes».

Portugal, Letonia y Eslovaquia señalaron que ellos también tenían problemas en un principio con esta legislación porque en sus países también existe una legislación más «tradicional» en materia de matrimonios, pero aseguraron que durante el proceso de negociación se han incluido garantías suficientes que les permiten apoyar los dos reglamentos.

Una mayoría de delegaciones se mostraron a favor de intentar seguir adelante por la vía de la cooperación reforzada, que requiere una participación mínima de nueve Estados miembros en las medidas, aunque reconocieron que esto complica la aplicación de las normas en la práctica.

Holanda, que a partir de octubre ocupará la presidencia rotatoria de la UE, se mostró dispuesta a explorar esta vía, al igual que la Comisión Europea.

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, advirtió, no obstante, que tener que recurrir a la cooperación reforzada como solución alternativa «significa que estamos fracasando por no compartir valores comunes».

Jourova recordó que más de 17 millones de personas viven en la UE en un Estado miembro diferente al de origen, de los cuales dos millones son polacos y 300.000 son húngaros, y lamentó que estas personas no vaya a poder beneficiarse de unas medidas dirigidas a hacerles la vida más fácil