La Policía y la Guardia Civil descartan que haya redes de explotación sexual infantil en Mallorca

Vázquez asistió a la reunión que había convocado el Consell de Mallorca para tratar sobre la situación real de los menores de los centros de acogida de la isla, que gestiona el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). La posible deficiente atención institucional que estarían recibiendo algunos menores en esos centros está siendo objeto de debate y de críticas en estos últimos días, después de que la pasada semana hubiera trascendido el caso de la violación grupal de una niña de 13 años en Nochebuena en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. La citada niña se había escapado en la tarde del 24 de diciembre del centro de acogida en el que se encuentra. Según publicó ayer «Diario de Mallorca», la menor habría denunciado con anterioridad dos violaciones previas sufridas ya a lo largo del pasado año.

En ese contexto general, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló , acordó ayer «la incoación de diligencias de investigación penal» para el esclarecimiento de los citados hechos, tras «las noticias aparecidas en los medios de comunicación relativas a supuestos casos de tráfico de drogas y prostitución que afectan a menores de edad dependientes». La Fiscalía envió además un escrito a la Jefatura Superior de Policía para que proceda a «la averiguación de esos casos». Por último, el Ministerio Público recordó que en los últimos años se habían denunciado ya ante la Fiscalía casos «similares o parecidos» que «siempre» fueron investigados.

Precisamente, fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno señalaron ayer que a lo largo del último lustro la Guardia Civil ha llevado a cabo en Mallorca diez operaciones vinculadas a la posible prostitución de menores , mientras que las actuaciones de la Policía Nacional realizadas en ese ámbito de investigación se situarían en torno a doce en total. En cualquier caso, no se trataría de intervenciones circunscritas exclusivamente a casos de menores de centros de acogida.

Por su parte, el consejero de Derechos Sociales del Consell de Mallorca y presidente del IMAS, Javier de Juan , anunció la creación de una comisión para combatir la explotación sexual infantil, que contará con representantes de la institución insular, la Delegación de Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y todos los agentes implicados en la atención a la infancia de Mallorca, con el objetivo de intensificar las acciones que ya se llevan a cabo para hacer frente a la explotación sexual infantil. Cabe recordar que en el Consell gobierna un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera.

El Consell de Mallorca había informado ya el pasado lunes de que tiene constancia de la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil entre el total de 359 menores tutelados que atiende, a través del IMAS, en alguno de sus centros de acogida. De las 16 víctimas citadas, 15 son niñas y una es un niño. En algunos casos, las denuncias han partido del IMAS, mientras que en otros casos el IMAS ha acogido a menores víctimas de explotación para protegerlos. Dicho organismo tiene además desde 2017 un protocolo muy estricto sobre cómo actuar ante esas situaciones.

El IMAS forma además parte de la comisión interinstitucional creada en 2016 por el Gobierno balear para combatir la trata y explotación sexual de menores. Dicha comisión está integrada también por la Policía Nacional y la Guardia Civil. En cualquier caso, algunos trabajadores de los centros de acogida han denunciado de manera anónima la supuesta inacción del IMAS ante los casos de explotación sexual infantil desvelados estos días por los medios y otros que no han trascendido públicamente. Desde la oposición, el PP, Vox y Cs se han sumado a esas voces críticas.

Además, el presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, ha anunciado que su partido denunciará ante la Fiscalía «la prostitución de menores tutelados del IMAS», para evitar que pueda «taparse o archivarse». Campos ha afirmado que el PSOE «ha intentado ocultar» esos casos y que la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, «no ha dicho nada» sobre ellos, lo que significaría que «nadie asume su responsabilidad». En ese contexto, Campos ha señalado que «la izquierda convierte a Baleares en un estercolero moral y delictivo». Vox ha pedido ya, por otro lado, la dimisión del presidente del IMAS.

Paralelamente, el PP, Cs y el partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI) han registrado en el Consell de Mallorca una solicitud conjunta para que se abra una comisión de investigación por «los casos de prostitución registrados entre menores tutelados por el IMAS». Las tres formaciones políticas citadas coinciden en «la importancia de esclarecer lo sucedido, ante la gravedad de unos hechos que demuestran que los protocolos existentes no han funcionado». En ese sentido, los portavoces insulares Llorenç Galmés (PP), Beatriz Camiña (Cs) y Antoni Amengual (PI) han asegurado de forma conjunta que «la gestión en los centros no ha sido la adecuada para garantizar la seguridad de los menores».

En ese contexto previo, el portavoz del PSOE en el Consell de Mallorca, Andreu Alcover, se ha mostrado favorable a la creación de una comisión de investigación, con la condición de que «no interfiera con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía y se respeten en todo momento los derechos y los datos personales de los menores». Según Alcover, dicha comisión «no ha de ser sólo del año 2019», sino que se ha de llegar a «la raíz del problema», por lo que ha propuesto investigar también los años anteriores para «valorar los protocolos que se han ido aplicando en cada legislatura». Además, ha acusado a la oposición de hacer «política» con la explotación sexual infantil y ha pedido que todos los partidos intenten encontrar una «solución» a dicho problema.

Por otra parte, el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de las Islas Baleares (CEESIB) emitió ayer un comunicado en el que pidió dar «una respuesta adecuada a un problema tan complejo» y destinar más recursos a los centros de protección de menores. La citada nota también mostraba su «apoyo» a los educadores sociales y a otros profesionales que trabajan en ese ámbito y pedía a los medios que informen «sin sensacionalismos». Por último el CEESIB condenaba las «conductas inadecuadas aisladas» de algunos educadores sociales, después de que el Gobierno balear hubiera confirmado ayer que desde 2016 ha despedido a cinco trabajadores de los centros de internamiento que gestiona por «conductas sexuales inadecuadas» de dichos empleados con menores.