Ayuso amenaza a Iglesias con una querella tras decir que la gestión de las residencias en Madrid fue «un crimen»

La cruzada en Madrid (con intercambio de correos electrónicos y denuncias incluido) ha ensombrecido la gestión de la pandemia en esta Comunidad, derivada de la decisión de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de entregar a Escudero el timonel de la emergencia en los geriátricos. Era el 24 de marzo y en ese momento había 1.065 mayores fallecidos por Covid-19 en estos centros.

Iglesias ha pronunciado su ofensa, airado, en una entrevista matutita en TVE, pero no se había desayunado con el «examen de conciencia colectivo» que 24 horas antes había reclamado en comparecencia pública Pedro Sánchez, el máximo responsable del Gobierno de coalición con su partido, Podemos . El líder morado tampoco hizo caso a la petición de no «crispar» o enloquecer más el debate político en plena pandemia.

Antes de proferir esas acusaciones, Iglesias tampoco escuchó a tres voces autorizadas para hablar de lo sucedido en las residencias. Lo que para Iglesias es un crimen , para el presidente de los geriatras españoles, José Augusto García Navarro , es un procedimiento hecho siempre en beneficio del residente, a los que no se ha abandonado y a los que se administró tratamiento siempre que se pudo en los hospitales, residencias y domicilios, acorde con sus circunstancias y abordajes posibles. «No se negó el traslado hospitalario a nadie que pudiera ser tratado mejor en un hospital», certifica García Navarro, si bien reconoce que la presión asistencial de muchos centros en las primeras semanas de la emergencia era de un 300 y un 400%. Según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, se acreditan 106 traslados de residentes al día entre el 1 de marzo y el 5 de junio solo en Madrid.

Como publicó ABC el pasado sábado, los dos mayores empresarios del sector de las residencias también coinciden en aseverar que las instrucciones para evitar traslados de ancianos con Covid-19 a hospitales se dieron en todo el país. Se aplicó una medida de medicina selectiva, de guerra. Ignacio Fernández-Cid, de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), así lo atestigua, con consignas escritas y verbales en todas las regiones. Cinta Pascual, por su parte, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (Ceaps), refrenda que hubo «procedimientos» en algunas autonomías para frenar esos traslados durante lo peor de la crisis. El pasado viernes y ante los diputados de la Comisión para la Reconstrucción de la Cámara Baja, denunció que muchos mayores «perdieron su derecho a la sanidad universal». «Ha sido un infierno porque alguien decidió que no había camas de hospital para todo el mundo», apuntaló Pascual. No omitió que ese alguien era la autoridad sanitaria.

Pascual señala que los residentes suelen tener pluripatologías y alta dependencia, por lo que, recalcó, sí hubo «hospitales concretos» que no aceptaban en Urgencias a estas personas tan dañadas por el patógeno. «Esto ha pasado en muchísimas partes de España. Cuando los médicos consideraban que los pacientes no podían salir adelante recetaban morfina para que tuvieran un mejor final de vida», abunda la presidenta de Ceaps.

Aun así, interpelada por las acusaciones de Iglesias y Reyero acerca de la muerte indigna de algunos residentes, Pascual espetó: «No, no, no. Han fallecido sin los medios necesarios para luchar contra la enfermedad que tenían».

El ataque feroz de Iglesias no se quedará en el aire catódico. Ayuo amenaza con querellarse por unas «palabras que sí son criminales, bochornosas» y que le asquean; mientras la consejera de Familia de Castilla y León, la popular Isabel Blanco , ha señalado a este periódico que «con estas inaceptables declaraciones, lo que trata Iglesias es de tapar su propia responsabilidad y su incapacidad para gestionar los Servicios Sociales, como se ha puesto de manifiesto con el recorte de mil millones de euros que anunció el presidente del Gobierno».