Las dos patronales del sector del ocio de Baleares recurren el cierre de calles en Magaluf y la Playa de Palma

En el escrito de Abone y de Acotur se planteaba una medida cautelarísima, que ayer no fue desvelada, pero que se presumía que posiblemente sería la de solicitar la suspensión temporal de esa instrucción de la Consejería de Salud. Abone y Acotur han avanzado este martes que, en caso de que su recurso prospere, tienen previsto demandar más adelante al Govern por todas las pérdidas que ocasionarán los cierres. En esa primera resolución, el Govern había ordenado el cierre de la calle Punta Ballena de Magaluf y de las calles Pare Bartomeu Salvà y Miquel Pellisa de la Playa de Palma. Estas dos últimas vías son conocidas popularmente como la «calle del jamón» y la «calle de la cerveza», respectivamente. La Playa de Palma es una zona frecuentada sobre todo por turistas alemanes, mientras que en Magaluf la mayoría de visitantes suelen ser de nacionalidad británica.

Un día después de la publicación de esa primera resolución, la Consejería de Salud aprobó otra el 16 de julio, en la que decretaba el cierre inmediato de todos los establecimientos de ocio y restauración de otras dos calles de Magaluf, General García Ruiz y Federico García Lorca. Las dos instrucciones aprobadas de manera consecutiva por el Gobierno balear la pasada semana tenían como objetivo principal intentar frenar las recurrentes aglomeraciones de turistas constatadas en Magaluf y en la Playa de Palma a principios de julio, sin la preceptiva distancia social y sin hacer uso de las mascarillas.

Una vez decretado ya el primer cierre de calles en Magaluf y en la Playa de Palma, el consejero de Turismo del Govern, Iago Negueruela, afirmó el pasado miércoles que las actitudes incívicas detectadas en ambas zonas corresponderían, en cualquier caso, a «casos muy puntuales». El consejero añadió que, aun así, «no se va a permitir» ese tipo de turismo de borrachera en las Islas. «No queremos que vengan según qué turistas, no es nuestra imagen», recalcó. Las dos mencionadas resoluciones, que tendrán una vigencia de dos meses, también prohíben dispensar bebidas en recipientes que tengan una cabida superior a los 600 centímetros cúbicos o beber con pajitas largas, con el propósito de evitar los posibles contagios del Covid-19 que se podrían derivar del hecho de que varias personas pudieran compartir esos recipientes.

Cabe recordar que con anterioridad a la existencia de la pandemia por el coronavirus, el Gobierno balear había aprobado ya en enero de este año un decreto ley que prohibía el turismo de borrachera y preveía sanciones de hasta 600.000 euros para las faltas más graves, como por ejemplo la realización de excursiones etílicas. Las tres zonas específicas incluidas en ese decreto ley eran la Playa de Palma, Magaluf y el denominado West End de Sant Antoni de Portmany, en la isla de Ibiza.

Con posterioridad, una vez decretado ya el estado de alarma por el Covid-19 , el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol aprobó el pasado 19 de junio el plan autonómico que recogía las medidas de seguridad por el coronavirus que deberían aplicarse en todos los ámbitos del Archipiélago a lo largo de los próximos meses. Dicho plan fijaba, entre otras medidas, diversas restricciones para los locales de ocio nocturno, como por ejemplo la obligatoriedad de cerrar a las dos de la madrugada, la prohibición de poder bailar en el interior de las discotecas o la limitación de que sólo podrán abrir sus puertas las salas que tengan un aforo máximo de 300 personas.

Para intentar reforzar esas medidas iniciales dirigidas a prevenir la propagación del Covid-19 , el Govern aprobó en la segunda semana de julio el decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establecía el régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones estatales y autonómicas dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por el coronavirus. Ese decreto ley establece sanciones de hasta 600.000 euros para las infracciones más graves, como por ejemplo la comercialización de fiestas ilegales.

Para poder tener plena validez, dicho decreto ley debía ser validado por el Parlamento regional, circunstancia que se ha producido en la sesión ordinaria celebrada este martes en la Cámara regional. Han votado a favor de esa disposición del Govern el PSOE, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Ciudadanos y el Grupo Mixto, mientras que el Partido Popular, Vox y el partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI) se han abstenido.

Finalmente, el pasado 13 de julio Armengol aprobó una resolución específica por la que se obligaba a llevar la mascarilla también en la vía pública en toda la Comunidad a partir de ahora. De momento, han quedado exentas de esa obligatoriedad zonas como playas y piscinas o situaciones concretas como llevar a cabo prácticas deportivas o tocar instrumentos de viento. Además, tampoco será necesario llevar mascarilla en otros casos, como por ejemplo al consumir alimentos en bares y restaurantes , al pasear por la naturaleza o al encontrarse en los paseos marítimos o en los centros de trabajo, siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de un metro y medio en esos dos últimos supuestos. Las sanciones por no llevar ese elemento de protección en los espacios ahora establecidos se empezaron a imponer ya ayer. La multa máxima fijada por el Govern para los incumplidores es de 100 euros.