Las pastillas abortivas, la siguiente batalla en EE.UU.

La decisión, en esencia, devolverá a los estados la capacidad de regular el aborto . También para limitarlo o prohibirlo, como ocurrirá de forma inmediata en una docena de estados, que tienen leyes aprobadas a este efecto y que entrarán en vigor en cuanto se publique la sentencia. El Centro para los Derechos Reproductivos calcula que 23 estados, casi la mitad de los que forman EE.UU., tendrán pronto leyes que prohibirán el aborto . Ante ese escenario, se abrirá un nuevo campo de batalla, que añadirá todavía más complejidad a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo: las pastillas abortivas. Si hay algo indudable en el futuro de los estados que prohíban el aborto es que muchas mujeres seguirán acabando con sus embarazos con independencia de la legislación. Ha ocurrido en el pasado, antes de que se estableciera el derecho en 1973, y ocurrirá a partir de este verano . Las pastillas abortivas tendrán un papel clave en ello y tanto quienes están en contra del aborto como quienes defienden el derecho de las mujeres a hacerlo se preparan para enfrentarse a esa situación.

Las pastillas abortivas no son un recurso extraordinario para las mujeres que abortan. De hecho, en 2020, con la llegada de la pandemia y como consecuencia de los problemas de acceso a servicios médicos y la creciente presión a las clínicas que practican abortos en estados conservadores, se convirtió por primera vez en el método de interrupción del embarazo más utilizado . Según el Instituto Guttmacher, una organización que apoya el derecho al aborto, en ese año el aborto con medicamentos supuso el 54% del total .

Se utiliza con la combinación de dos fármacos: mifepristona, una sustancia que bloquea la producción de una hormona necesaria para la gestación; y misoprostol, que causa contracciones similares a las de un aborto espontáneo y se toma dos días después de la primera. La pandemia también ha tenido que ver con cambios regulatorios. La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en sus siglas en inglés), permitió que en varios momentos con fuertes restricciones se eliminara el requisito de que la mifepristona fuera administrada a través de una visita en persona a una clínica o un consultorio médico. En su lugar, podían obtener la prescripción con una consulta con su doctor a través de teléfono o videoconferencia y recibir las pastillas por correo. El pasado diciembre, la FDA tumbó ese requisito de forma permanente.

El aumento del uso de las pastillas abortivas y la mayor facilidad para obtenerlas ha sido respondido con un endurecimiento legislativo en muchos estados conservadores. En el último año, siete estados han aprobado leyes para impedir el envío por correo de fármacos para inducir el aborto. Según los datos del Instituto Guttmacher, son ya 19 estados los que han tomado medidas en este sentido . Tennessee acaba de aprobar una ley en la que codifica como delito el envío de estas pastillas por correo, con penas de hasta veinte años de cárcel. Y en Texas e Indiana se han instaurado prohibiciones para recetar el fármaco una vez transcurridas siete semanas y diez semanas, respectivamente, de embarazo. En Alabama, avanza una propuesta de ley que convertiría en delito la « fabricación, distribución, prescripción, entrega, venta o transferencia » de pastillas abortivas dentro del estado. Y en Wyoming todavía pretenden ir más allá: una ley que prohíbe por completo el uso de este método abortivo ya ha sido aprobado por una de sus dos cámaras legislativas.

Una organización contra el aborto con presencia en buena parte de EE.UU., Americans United for Life , ha calificado el impulso de leyes contra estos fármacos como una de las « prioridades acuciasteis » para este año.

La presión regulatoria en estados conservadores ha tenido efectos inmediatos. Un ejemplo es Texas, donde el año pasado se aprobó una ley que prohíbe el aborto si se puede escuchar el latido del corazón del feto (lo que puede ocurrir a las seis semanas de gestación, un periodo en el que muchas mujeres no saben que están embarazadas). El Supremo permitió que la ley siguiera vigente mientras decide el fondo de la sentencia que se conocerá en unas semanas y su aprobación provocó que, en la semana posterior a su entrada en vigor, se multiplicaran por diez las peticiones de pastillas abortivas a Aid Access, el principal distribuidor por correo de estos fármacos.

También se notó en otros estados. Las visitas a la web de Plan C, una organización que ofrece recursos para que las mujeres aborten por sus propios medios, se dispararon en estados que aprobaron leyes similares a la de Texas: se multiplicaron por 23 en Idaho y por 18 en Oklahoma . Por delante viene una guerra tremenda, en la que los estados más conservadoras buscarán que sus legislaciones limiten incluso la posibilidad de que haya mujeres que viajen a otros estados más permisivos y accedan en ellos a las pastillas.

Tratarán, por ejemplo, de ir a por los doctores o las organizaciones que les den servicios . En el bando contrario, las posiciones también se refuerzan. Las organizaciones a favor del aborto aceleran el envío de fármacos y las compañías se preparan para una demanda creciente (Hey Jane, una 'start up' de la distribución de fármacos y especializada en medicados para el aborto, ha abierto una ronda de financiación con la que ha conseguido 3,6 millones de dólares ). Los equipos legales de estas organizaciones pelearán en los tribunales las leyes más restrictivas y defenderán que no se pueda prohibir el uso de un fármaco aprobado por la FDA.

El Gobierno de Biden explora cómo apoyar a las mujeres que buscan abortar y a las organizaciones que les ofrecen acceso, pero tiene la cortapisa de la Enmienda Hyde, que prohíbe que el dinero público sea empleado en fondos para el aborto, excepto en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre o del feto .