¿Qué pasa ahora tras el informe del MIT sobre Castor?

El Gobierno no desmantelará por ahora el almacén subterráneo de gas Castor porque la situación en la zona está «estable» y porque los expertos consideran que sacar el gas conllevaría un alto riesgo , ha dicho el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha asegurado que no volverá a funcionar .

Reanudar las operaciones de inyección de gas en el almacén Castor que fueron paralizadas en septiembre de 2013 por los terremotos que se produjeron en la zona, aumentaría de nuevo la actividad sísmica y esta vez podría provocar terremotos «incluso mayores», de una magnitud hasta 6,8 , según el estudio conjunto del MIT y de la Universidad de Harvard.

Con estos antecedentes de ocurrencia y sismicidad, en la actualidad, hay mayor probabilidad de que se produzca un terremoto en la zona y que podría llegar a ser de una magnitud «mucho más elevada», de hasta 6,8. Una tasa de inyección menor provoca una tasa de desetabilización menor y, tras analizar el ciclo completo de inyección de gas y recuperación, han advertido de que la desestabilización sísmica sería «mayor a la que se provocó en el mes de septiembre, en el orden de un factor de dos».

Una vez conocidas las conclusiones y recomendaciones del estudio en el que han participado siete investigadores de ambas instituciones académicas, el secretario de Estado ha subrayado que el documento confirma que la decisión del Gobierno en 2013 de paralizar la actividad fue acertada de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente.

En cuanto al posible dolo o negligencia de la empresa de Castor Escal-UGS, ha señalado que el Gobierno remitirá este estudio a los juzgados que dirimen esta cuestión para que analicen «con cautela» las conclusiones que son «muy contudentes». Navia ha adelantado que «queda claro» que «no era fácilmente previsible con un estandar de rigor razonable que en Castor ocurriera lo que finalmente ha pasado».

El siguiente paso, según ha dicho el responsable del ministerio, será encargar un estudio de ingeniería y posteriormente de viabilidad económica de cara a desmantelar la instalación con la prioridad puesta en la seguridad de las personas y del medio ambiente.

En diciembre de 2016, el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Generalitat de Cataluña contra la orden de peajes del sistema gasista en la que en la que se desarrolla el pago de la indemnización a la empresa promotora, Escal UGS, por la paralización y posterior hibernación de la infraestructura.

En su escrito, el gobierno autonómico alegó que el coste total de la instalación -cifrado en el entorno de los 1.700 millones de euros al sumar la indemnización, el coste del gas usado para las pruebas y los costes financieros- no puede ser cargado a los consumidores de gas.