Los partidos del Gobierno de coalición, los que más atacan la libertad religiosa

«Es inaceptable que los partidos confundan la aconfesionalidad del Estado, como prescribe la Constitución, con marginación de la religión del espacio público. El respeto a la libertad religiosa no beneficia únicamente a los creyentes, sino que favorece a toda la sociedad al promover la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Esta realidad es fundamental y se aleja de los planteamientos ideológicos o políticos», señala María García, presidenta de OLRC, una organización civil creada en 2006 para defender el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública sin ser discriminados por sus convicciones religiosas.

De acuerdo a este estudio, los partidos políticos, sobre todo los de la izquierda radical y los nacionalistas, son los que más atacan la libertad religiosa en España. De los 175 casosque se contabilizaron en 2019, 88 tuvieron como responsables a las distintas formaciones políticas. Solo PSOE, Podemos e Izquieda Unida concentraron más de la mitad de todos esas agresiones (47). Para García se trata de «una situación preocupante», ya que «la agresividad del laicismo beligerante manifestado por estas formaciones se manifiesta luego en las calles con profanaciones, pintadas y demás actos vandálicos».

Pese a estos datos inquietantes, el informe revela que los ataques a la libertad religiosa disminuyeron un 12,5 por ciento con respecto al año anterior. De 200 agresiones en 2018 se pasaron a 175 en 2019. Sin embargo, el año pasado aumentaron considerablemente los ataques contra los creyentes y a los lugares de culto. «Es lamentable que cada año se dañen más templos. De ocho en 2014 hemos pasado a 55 tan solo en cinco años», subraya María García.

La mayoría de los atentados que se produjeron en 2019 fueron episodios de marginación de la religión de la vida pública (73 casos), seguido de ataques a los lugares de culto (55) y escarnio a la religión (29). De estos tres tipos de agresiones la que más bajó fue el laicismo beligerante que pasó de 90 a 73 en solo un año. García atribuye este descenso a «la menor actividad parlamentaria» debido a que en 2019 el Gobierno de Sánchez estuvo la mayor parte del año en funciones.

La Iglesia católica siguió siendo el blanco de la mayoría de los ataques (80%) seguida muy de lejos por la religión islámica (4,6%) y judía (1,7%). Además, 24 ataques (13,7% de los casos) pueden considerarse contrarios a todas las religiones «al querer imponer un laicismo radical que intenta eliminar del espacio público todas las confesiones, así como a sus representantes y seguidores», detalla la presidenta del OLRC.

El informe del Observatorio documenta estos incidentes caso por caso. Entre ellos, destaca el laicismo beligerante de los programas electorales de PSOE y Podemos para las elecciones generales de noviembre del año pasado. En dichas propuestas, tanto PSOE como Podemos proclaman «denunciar los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979» para «cumplir con el precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado».

También se proponen recuperar «los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia», y llevar a cabo «una revisión de las operacionesque se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros». Podemos va más allá y acusa de «robo» a la Iglesia católica al «inscribir a su nombre bienes que —como se sabe— son de toda la ciudadanía, como la mezquita de Córdoba».

La lista de acoso y derribo contra la confesión mayoritaria es larga. El informe también recoge la persecución a la asignatura de Religión. Entre ellos resalta la cruzada de la ministra de Educación Isabel Celaá contra esta materia con la aprobación de la Lomloe (Ley Orgánica de modificación de la LOE). Dicha reforma busca eliminar los artículos que clasifican la asignatura de Religión como una «materia específica» de los dos cursos de Bachillerato y suprime el artículo que permite que Religión compute para la nota media del alumno; además de dejar a la Religión por primera vez sin alternativa. La conocida como Ley Celaá también busca asfixiar a la Educación concertada, en su mayoría católica, al eliminar el criterio de «demanda social» para la apertura de nuevas aulas.

Por noveno año consecutivo, el informe del OLCR da cuenta de todas las noticias aparecidas durante 2019 en los medios de comunicación, así como la información que proporciona el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos en relación a este tipo de ataques.