El Parlamento vasco culpa a Celaá de inacción ante el sobrecoste en los comedores escolares

El Parlamento Vasco ha responsabilizado políticamente a cuatro consejeros de Educación entre 2003 y 2017 de «inacción» por su falta de respuesta ante los indicios de concertación de precios entre adjudicatarias de los comedores escolares que supuso un sobrecoste de entre 70 y 80 millones de euros.

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El Parlamento Vasco ha responsabilizado políticamente a cuatro consejeros de Educación que han desempeñado su labor entre 2003 y 2017, entre los que se incluye a la actual ministra de Educación, Isabel Celaá, por su «inacción» ante los indicios de concertación de precios entre empresas adjudicatarias de los comedores escolares. El reparto del mercado y la fijación de precios entre un total de siete empresas llevaron a un sobrecoste de entre 70 y 80 millones de euros.

El informe parlamentario considera que el cártel de empresas que se repartía el mercado de comedores escolares y acordaba los precios causó el citado sobrecoste aunque no se remitirá a la Fiscalía porque en el trabajo parlamentario no se han encontrado indicios de delito ni en los niveles técnicos ni en los políticos.

El pleno de la Cámara de Vitoria ha aprobado, con los votos mayoritarios de los grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP), el informe final de la comisión de investigación que desde febrero de 2018 ha analizado si hubo irregularidades en la contratación de empresas para gestionar los comedores escolares públicos.

PNV y PSE, los grupos políticos que conforman el Gobierno de coalición de Iñigo Urkullu y que están en minoría en la Cámara, han votado en contra de este informe al no compartir sus conclusiones y considerar que la oposición ha unido sus votos por motivos electoralistas y partidistas.

Esta comisión de investigación fue impulsada a principios de 2018 por la oposición después de que la Autoridad Vasca de la Competencia impusiera una sanción de 18 millones de euros a 7 empresas por un reparto de mercado y fijación de precios entre 2003 y 2015, período durante el cual estuvieron al frente de Educación consejeros de EA, PSE-EE y PNV.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó posteriormente un 60% la sanción tras un recurso de varias de estas empresas, aunque entendió que existió un pacto entre ellas y consideró que fue posible gracias a la falta de «reacción, indagación, consulta o prevención» del Gobierno Vasco.

En el dictamen aprobado se responsabiliza políticamente a los consejeros de Educación por su «inacción» ante los indicios de concertación y por su falta de respuesta ante el quebranto patrimonial sufrido por la Administración, aunque no habla de connivencia entre las empresas y altos cargos del Gobierno Vasco.

Añade que también hubo responsabilidad en todos los gestores de los comedores a partir de 2013, cuando ya había denuncias públicas y el Gobierno Vasco «hizo caso omiso».

Estos exconsejeros son Anjeles Iztueta y Tontxu Campos, de Eusko Alkartasuna; Isabel Celaá (PSE), actual ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, y la actual titular del Departamento de Educación, Cristina Uriarte (PNV).

En el texto aprobado se considera acreditada la concertación de precios entre las empresas adjudicatarias de este servicio con un sobrecoste de entre 70,8 y 80,2 millones de euros.

Este quebranto público pudo haber sido de entre 28,7 y 33,7 millones de euros, y el resto, entre 42,1 millones y 48,5 millones, fue el sobrecoste abonado por las familias a través de las cuotas de comedor.

«Comedia de enredo»

Durante el debate en el pleno, Eva López de Arroyabe (EH Bildu) ha considerado que con este informe concluye una investigación sobre un servicio en el que ha habido «falta de control e inacción» y ha dicho que a partir de ahora hay una oportunidad para asumir sus recomendaciones e impulsar un nuevo cambio de modelo de gestión de los comedores.

José Ramón Becerra (Elkarrekin Podemos) ha denunciado que hubo quebranto para las familias y para la Administración, y ha constatado que siete empresas durante 12 años llegaron a un acuerdo ilegal para repartirse el mercado de los comedores infantiles para que los precios fuesen superiores e incrementar sus beneficios a costa de las arcas públicas y las cuotas de las familias.

Carmelo Barrio (PP) ha asegurado que durante la investigación ha quedado acreditada esa práctica concertada por parte de las empresas y el refrendo de la Administración «sin tomar medidas correctoras», y ha señalado que un mayor control del Departamento de Educación en los trámites administrativos hubiera evitado precios «por encima de lo normal».

Desde los grupos que se han opuesto, David Latxaga (PNV) ha tachado de «comedia de enredo» este informe urdido por la oposición en una comisión cuyas conclusiones, a su juicio, estaban escritas desde el inicio con el objetivo de «desgastar» al Gobierno de Urkullu y «manchar» el nombre de los consejeros, y ha incidido en que el dictamen no refleja «la verdad» y sus conclusiones no se corresponden con hechos probados.

José Antonio Pastor ha acusado a la oposición de propiciar un «debate falso» en torno a este asunto por motivos electorales y, aunque ha reconocido que hubo «prácticas mejorables», ha recordado que no hubo hechos delictivos. También ha negado que haya habido un perjuicio para las familias ya que las cuotas que pagan por los comedores apenas han variado.