El Papa reforma los tribunales penales del Vaticano para darles independencia y agilidad

Era una tarea urgente, vista la abundancia de graves delitos económicos en los últimos años y la necesidad de adaptarse a las convenciones internacionales. Al mismo tiempo favorece la reforma de la Curia en un aspecto «cultural» importante: quien cometa un delito no será sancionado por sus superiores eclesiásticos sino por un tribunal compuesto por magistrados civiles.

En la última década se han registrado delitos financieros de entidad en el banco del Vaticano (IOR) , el hospital pediátrico Bambino Gesù y, más recientemente, en la gestión de algunas de las inversiones reservadas de la secretaría de Estado, que gestiona aproximadamente 700 millones de euros según medios italianos.

Las irregularidades en su gestión de inversiones inmobiliarias en Londres han llevado al registro de oficinas y posterior suspensión de cuatro funcionarios de la secretaria de Estado y del director de la Agencia de Información Financiera (AIF) el pasado mes de octubre, así como de la casa y la oficina del que fuera jefe de inversiones reservadas durante una década hasta 2019, monseñor Alberto Perlasca, el pasado mes de febrero.

Con la nueva ley sobre tribunales, los magistrados dependen solo del Papa en cuanto al nombramiento, y de las leyes del Estado del Vaticano en cuanto a su función, liberándose de una excesiva dependencia práctica de la Gobernación del pequeño Estado.

Los magistrados dispondrán directamente a partir de ahora de una policía judicial, formada por miembros de la Gendarmería Vaticana pero estrictamente a sus órdenes y no a las del comandante de la fuerza, quien depende, a su vez, de la Gobernación del Estado del Vaticano.

Para aumentar la independencia, la nueva Ley de Ordenamiento Judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano -que pone al día la de 1987- establece que en el nombramiento de magistrados se dará prioridad a los profesores universitarios , ya que tienen menos vínculos con el sistema judicial italiano y viven de su propio sueldo como docentes.

Como hasta hace diez años el Tribunal del Vaticano apenas juzgaba delitos graves, la mayor parte de los magistrados eran juristas italianos que podían ver las causas del pequeño estado tan solo los sábados.

Este sistema convertía procesos complejos como el de la filtración de cientos de documentos confidenciales de Benedicto XVI -el caso «Vatileaks 1»- o la filtración de documentos económicos -el caso «Vatileaks 2»-, en interminables.

De ahora en adelante, además del presidente del Tribunal, al menos uno de los jueces debe trabajar a tiempo completo . Los jueces tendrán la ciudadanía vaticana durante todo su mandato.

La nueva ley separa por fin la tarea del Fiscal de la de los jueces, lo cual agilizará las investigaciones y evitará el riesgo de abusos ya que con el sistema anterior los fiscales eran, al mismo tiempo, juez y parte en demasiados procedimientos. En los últimos meses ha habido incluso penosas filtraciones de documentos de los fiscales a la prensa italiana.

Las nuevas normas invitan al presidente del Tribunal a asignar las causas a colegios de jueces en lugar de magistrado único. De hecho, desaparece el cargo de Juez Único que era una de los cuatro organismos judiciales junto con el Tribunal del Vaticano, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Este último, formado por tres cardenales , contará a partir de ahora con magistrados profesionales asignados según el tipo de caso.

La nueva ley regula también los requisitos para formar parte de la lista de posibles abogados defensores, y establece normas disciplinarias para los letrados de la defensa.

El nuevo sistema funcionará con mayor eficacia si los organismos económicos del Vaticano y los tribunales superan su tradición de opacidad, que favorece siempre la arbitrariedad y, en demasiados casos, la delincuencia.