Ofensiva del PP para que la Alta Inspección Educativa pueda volver a sancionar

Tras la polémica denuncia de los editores de estos manuales de enseñanza, el Grupo Parlamentario Popular ha lanzado una ofensiva en la Cámara Baja. Los populares registraron el pasado viernes una Proposición no de ley, a la que ha tenido acceso ABC, para su debate tanto en Pleno como en Comisión. El objetivo es que el Congreso inste al Gobierno a aprobar una reforma legal que vuelva a restituir la capacidad sancionadora de la Alta Inspección Educativa, cuando detecte que los libros de texto no se adecuan a las enseñanzas comunes, y vulneran el ordenamiento jurídico-constitucional, entre otras reformas.

Esta capacidad sancionadora estuvo vigente en la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación), aprobada durante el Gobierno de José María Aznar , pero fue eliminada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, en su LOE (Ley de Ordenación Educativa).

Aunque los populares han registrado otras iniciativas sobre esta materian en legislaturas anteriores, en esta ocasión se centran en los libros de texto y en «las enseñanzas comunes en sus propios términos», una expresión que también fue eliminada por el Gobierno socialista en 2006. Ello provocó que se dejara abierta una puerta a la interpretación de cada comunidad autónoma de los currículos escolares.

El texto del Grupo Popular reclama que estas r eformas legales comprueben que los currículos, «así como los libros de texto y demás material didáctico se adecúen a las enseñanzas comunes en sus propios términos». Igualmente, reclaman que la Alta Inspección verifique «que las enseñanzas comunes se impartan con observancia de lo dispuesto en el ordenamiento sobre las materias obligatorias básicas de los respectivos currículos».

La Alta Inspección deberá «velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos de todos los españoles y, en particular, el derecho a recibir la enseñanza en la lengua oficial común del Estado». Otra de sus funciones será «verificar que los estudios cursados se adecuen a lo establecido en la legislación del Estado, a efectos de la expedición de títulos, académicos y profesionales, válidos en todo el territorio español ».

Garantizar la neutralidad política e ideológica de los centros docentes será también objetivo de este instrumento del Estado, con el objetivo de «preservarlos como lugares libres de adoctrinamiento». Además, realizará «requerimientos e inspecciones en los centros educativos con el fin de valorar las decisiones que las administraciones autonómicas hayan podido adoptar, y dotando a la Alta Inspección de capacidad sancionadora».

Finalmente, el PP también quieren que supervisen «los libros de texto y otros materiales curriculares dentro del proceso ordinario de inspección. Un eventual resultado negativo de esta inspección debe tener efectos administrativos sobre la correspondiente edición».