El ocio nocturno llevará a los tribunales la decisión «absolutamente desproporcionada» del Gobierno

«El sector está muy enfadado, muy preocupado no nos va a quedar otro remedio que llevar esto a los tribunales . Esto es una absoluta aberración», critica en una conversación con ABC el responsable. Mas sostiene que si el Gobierno considera que la actividad del ocio nocturno es tan dañina «hay que probarlo», por eso van a acudir a la justicia.

«Queremos que nos enseñen los datos que acreditan que el ocio nocturno es el responsable de los rebrotes porque todavía no se ha demostrado la causalidad. Si te tiras todo el día por ahí y luego vas a una discoteca, no se puede demostrar que el contagio haya sido donde has acabado la fiesta», insiste.

Desde el sector se sienten criminalizados y recuerdan que en Cataluña y Aragón han continuado los rebrotes y mientras las discotecas estaban cerradas.

Además, el responsable critica que el Gobierno haya tomado la decisión de vetar el ocio nocturno si consultarlo o informar al sector. «Si somos el foco de rebrotes evidentemente lo que tienen que hacer es sentarse con el sector».

En España 200 mil puestos 25 mil empresas dependen del ocio nocturno de forma directa. El sector, que no se había recuperado ya que al menos un 50% ha mantenido sus puertas cerradas desde marzo, ahora va «directo a la ruina» , lamenta el presidente de España de Noche.

Los locales que han abierto para salvar la temporada, han invertido mucho dinero para que se garanticen las medidas de seguridad -dice- y ahora todo esto se ha ido al garete.

«No puedes cargarte un sector así sin plantearle un plan de rescate. Ahora los locales van a estar cerrados, pero tienen unos costes fijos. Debemos exigir que los ERTES sean para este sector con una exoneración total. Eso o que nos dejen despedir», asegura.

Por último Mas recuerda que desde la patronal España de Noche se presentó una guía avalada por el Ministerio de Sanidad para mantener a raya los contagios. Y también propusieron en múltiples ocasiones que fuera obligatorio un registro sanitario para facilitar la trazabilidad, medida que el Gobierno nunca aceptó. «No hay valentía política para afrontar la realidad de cara», concluye.