Los obispos piden a Celaá que tenga en cuenta «el marco constitucional y los acuerdos» para modificar la Lomce

Durante la reunión —a la que asistieron por parte de la Iglesia, Luis Argüello , secretario general de la Conferencia Episcopal, y César Franco, presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza—, los obispos trasladaron a Celaá «la necesidad de llegar a un pacto educativo estable que evite los continuos cambios legislativos en la enseñanza en España».

Pese a que el anteproyecto de ley tiene pocos visos de salir adelante ante la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, los prelados recordaron este lunes a la ministra que tanto la Constitución Española como los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 siguen siendo «el marco de referencia para el diálogo sobre el pacto educativo o para cualquier modificación de la legislación vigente» . Según precisaron, este contexto jurídico explica también el encaje «de la enseñanza religiosa escolar y la escuela concertada de iniciativa católica» en el sistema educativo español.

A través de una breve nota, la Conferencia Episcopal señaló que tanto el Ministerio como los obispos acordaron «trabajar conjuntamente para alcanzar en nuestro país acuerdos básicos que permitan ofrecer un mejor servicio al derecho de los padres a la educación de sus hijos».

El encuentro se produjo cinco meses después que la ministra de Educación anunciara en el Congreso que su anteproyecto de modificación de la Lomce eliminaría el criterio de la «demanda de social» para la creación de nuevas líneas de educación concertada y que la asignatura de Religión dejaría de contar con una materia alternativa, además de que ya no será evaluable.

Desde la llegada de Sánchez al Ejecutivo, la educación concertada sufre un verdadero acoso y derribo. Precisamente este lunes el presidente del Foro Español de la Familia, Ignacio García-Juliá, calificó de «chantaje y actitud liberticida» la decisión de Hacienda de eliminar las deducciones fiscales de las donaciones de las familias a los centros concertados .

«Se trata de una medida destinada a asfixiar económicamente a los centros concertados, que son un servicio para la sociedad, complementarios de los centros públicos, no su competencia empresarial», indicó Juliá, que además recordó que estos centros suponen un gran ahorro a las arcas del Estado (50% por aula)».