Los obispos piden ante el referéndum ilegal «que se eviten actuaciones irreversibles y de graves consecuencias»

Cuatro días antes de la fecha prevista para la celebración del referéndum ilegal, los prelados piden a las autoridades de las administraciones públicas, a los partidos políticos y a los ciudadanos , que «eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes». Según recuerdan en la nota, dicho marco legal es el que «garantiza la convivencia pacífica» y advierten de que su incumplimiento puede «originar fracturas familiares, sociales y eclesiales».

La nota fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Comisión Permanente, que integran el presidente de la CEE; el vicepresidente, Antonio Cañizares; el secretario general, José María Gil Tamayo y 21 miembros. Entre ellos, tres obispos catalanes como el cardenal Juan José Omella (Barcelona), Joan Enric Vives (Urgell) y Enrique Benavent (Tortosa).

La declaración rebaja el tono de la instrucción pastoral «Orientaciones Morales ante la situación actual de España» aprobada por la Asamblea Plenaria en 2006. En dicha ocasión los prelados declaraban que la unidad, la convivencia y la historia de España es «un bien» que hay que tratar con «responsabilidad moral».

En un ambiente de mayor crispación política que entonces, los prelados urgen al « diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común » como «verdadera solución del conflicto» y ofrecen su «colaboración sincera en favor de una pacífica y libre convivencia entre todos».

En una clara sintonía con la nota de la Conferencia Episcopal tarraconense del pasado 20 de septiembre, los obispos también invitan a rezar por quienes «tienen la responsabilidad en el gobierno de las diferentes administraciones públicas» para que se avance «en el camino del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de la no confrontación».

Los obispos apelan a un documento publicado por la Asamblea Plenaria cinco días después del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para subrayar «la difícil situación» que atraviesa «nuestra convivencia democrática y pacífica» como consecuencia del desafío soberanista catalán. Por ello y tal como hicieran en esa nota hacen un llamamiento a «recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución».