Las nueve tareas pendientes de España para combatir el «edadismo»

Para la investigación relacionada con el informe, las expertas realizaron una serie de entrevistas en las que las personas mayores encuestadas enfatizaron el trato paternalista e infantilizado hacia ellas en la sanidad, los comentarios jocosos de monitores en actividades de ocio específicas para personas mayores o la falta de libertad para decidir dónde, cómo y con quién vivir.

De este modo, «la edad cronológica se asocia a la pérdida de autonomía, por lo que se justifica que a las personas mayores se les impida hacer cosas que antes hacían», sostienen en el informe.

En primer lugar, el documento habla de la violencia y los abusos que sufren las personas mayores en nuestra sociedad. Según la OMS la tasa de maltrato en la población general de ancianos se sitúa entre el 4% y el 6%. No obstante, en esta cifra no quedan recogidas todas las formas de gerontofobia (violencia y abuso contra las personas mayores), dado que excluye una nueva forma que en el informe denominan «maltrato estructural». Esta tipología de maltrato incluye la discriminación en las políticas gubernamentales e institucionales hacia las personas mayores o la mala distribución de recursos económicos, entre otros.

En cuanto a igualdad y no discriminación , las expertas también hablan de una discriminación estructural. Las áreas más «polémicas» en este sentido son los límites de edad, sean o no explícitos, para acceder a un empleo o la jubilación forzada. También destacan las quejas sobre acceso a seguros y servicios bancarios.

La libertad en la toma de decisiones también es una tarea pendiente del Estado. Según las conclusiones del informe, «las personas mayores, a menudo ven negada la posibilidad de tomar sus propias decisiones» por «un conjunto de actuaciones informales que dificultan que la voz de las personas mayores sea oída y tenida en cuenta». En este sentido, las responsables del documento señalan que «España está lejos de garantizar el derecho de las personas mayores a la toma de decisiones» y sostienen que es necesario «suprimir el actual sistema jurídico sustitutivo de toma de decisiones, que establece la muerte civil de la persona incapacitada e implantar un sistema alternativo basado en “apoyos” que garantice la toma de decisiones».

Una vida independiente es casi sinónimo de una vida libre y este es un derecho que las personas mayores también ven mermado con la edad. A juicio de las expertas, uno de los problemas en España es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). «Presentó problemas desde su creación porque la desigualdad territorial y la insuficiencia financiera iniciales se han visto acompañadas a partir de 2012 por restricciones presupuestaria», por lo que es «un sistema que favorece la institucionalización y no la vida independiente», explican. Y es que según datos del Observatorio del servicio de Atención a la Autonomía y situaciones de Dependencia hay 25.000 personas con derechos reconocidos en espera de atención.

Las personas mayores también sufren discriminación en tres factores relacionados con el ámbito sanitario . Uno de los aspectos es la falta de accesibilidad al centro sanitario. Asimismo, destacan que los perjuicios sobre las capacidades o el valor de las personas mayores hacen que no se les informe ni consulte sobe su tratamiento o que no se utilicen todos los medios para tratar,rehabilitar o minimizar el dolor. Por último, también son víctimas de la configuración estructural de los sistemas de salud, que «están estructurados para manejar enfermedades agudas y puntuales, pero son menos capaces de responder a condiciones crónicas de salud de largo plazo», según las responsables del documento.

«La falta de accesibilidad y la desconsideración de las personas mayores en el diseño de los problemas de aprendizaje constituyen una grave barrera para la efectividad del derecho a la educación», afirman las expertas. Además, sostienen que «tampoco se aprovecha el potencial de las personas mayores como transmisoras de conocimientos» por el modo en el que las garantías del derecho a la educación están diseñadas.

La educación está relacionada directamente con el empleo y la seguridad en los ingresos , otra de las áreas en las que los mayores sufren discriminación según el informe. Destaca la brecha de género «importante» que existe en cuanto a las pensiones. En la primera mitad del 2019, la pensión de jubilación media en hombres era algo más de 1.200 euros, mientras que la de las mujeres no llegaba a 800. Las especialistas explican dicha diferencia por la infravaloración de los trabajos de cuidado que suelen realizar las mujeres antes y después de la edad de jubilación.

En el informe también se hace referencia al acceso a la justicia . Y es que, según el documento, «además de los problemas de accesibilidad, también tienen dificultades para comprender los procedimientos y además, algunas vulneraciones de derechos que sufren no son identificadas como tales».

Por último, la posibilidad de las personas mayores de participar en sociedad se enfrenta a la estratificación social por edades y a la organización de los espacios de acuerdo con ello. Una de las consecuencias de esta exclusión es la brecha digital que perjudica a las personas mayores y que, a su vez, genera todavía mayores dificultades para la participación.

Frente a esta situación, las expertas proponen desarrollar planes, estrategias y políticas públicas que incorporen o refuercen la perspectiva de edad en la agenda de las políticas antidiscriminatorias e inclusivas del Gobierno, así como de instituciones como el Defensor del Pueblo, entre otras medidas.