Nueva guerra en los campus: exigen al Gobierno vacunas para los profesores universitarios igual que para los de los colegios

La tercera y última actualizacion de dicha estrategia, con fecha de 9 de febrero, establece el grupo 6 de vacunación, que integran «colectivos en activo con una función esencial para la sociedad». El 6A lo integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas; el 6B docentes y personal de educación infantil y educación especial (tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado); y el 6C, docentes y personal de educación primaria y secundaria . Estos docentes (como todo el grupo 6 de hasta 55 años) recibirán la vacuna de AstraZeneca («los datos disponibles de los ensayos clínicos evaluados para la autorización no permiten establecer la eficacia de la vacuna en personas de más de 55 años», defiende Sanidad, en la última versión de la estrategia).

La CRUE se dirigió por carta a los ministros de Sanidad y de Universidades, Carolina Darias y Manuel Castells respectivamente, para incluir a los profesores universitarios en el personal que debe ser vacunado igual que lo son los docentes del ámbito no universitario.

Preguntado por la cuestión en rueda de prensa este jueves, el ministro dijo que «hay una política sanitaria determinada entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial. El mismo día que recibimos la petición de la Crue la transmití al ministro de Sanidad, que me dijo que lo plantearía en el Consejo Interterritorial, que son los que tienen la competencia y saben cuáles han sido las prioridades que se han establecido. No tenemos competencias ni queremos tenerlas».

Sin embargo, fuentes académicas aseguran ABC que desde marzo le han dicho al ministro de Universidades que la educación y la investigación son actividades esenciales pero que este no ha escuchado. La petición formal de la Crue al ministro se hizo en la segunda semana de enero de 2020.

En la primera versión de la Estrategia de vacunación, del pasado 2 de diciembre de 2020, ya se deja claro que los docentes de primera línea son los de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato (fueran quedan los de formación profesional y universitaria).

Sanidad argumenta que el personal docente de infantil, primaria, secundaria y bachillerato «está en alto riesgo de exposición y de transmisión (sobre todo los que trabajan con los más pequeños en guarderías y educación infantil, que tienen un contacto más estrecho) y, además, por la exigencia ética y legal de proteger el derecho a la educación de los niños y adolescentes y su libre desarrollo de la personalidad, protegiendo la salud de los docentes y PAS».

Se añade además que la priorización de los docentes y PAS se basa en que, protegiéndoles, no solo se protege la salud de los niños y adolescentes, «sino también, y fundamentalmente, su derecho a la educación que es un elemento sustancial del pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en democracia y que, por tanto, debe desarrollarse, necesariamente, en el aula».

En cambio, «en el ámbito de la formación universitaria y profesional, la priorización puede no ser tan relevante, debido a que la protección puede obtenerse mediante la formación on line, digital o bimodal síncrona (salvo talleres o prácticas), no siendo tan exigible, desde una perspectiva ético-legal, la presencialidad y, por tanto, la vacunación de docentes y PAS en dichos niveles educativos».

Sin embargo, la Crue recuerda que, en la docencia bimodal, «la más extendida en los campus españoles este curso 2020-2021, es imprescindible que los docentes impartan la formación desde el aula, con lo que están expuestos al virus igual que cualquier trabajador en un espacio cerrado» .

Además, defienden, «existe un elevado número de PDI, que imparte prácticas académicas y talleres en laboratorios universitarios, a los cuales la vacuna les permitiría desarrollar su tarea docente sin interrupción y sin riesgo para su salud y la del estudiantado».

Los rectores han defendido desde la irrupción de la Covid-19 la necesidad de retomar la presencialidad en las aulas porque, «mayoritariamente, es seña de identidad en las universidades españolas».

Esto les valió, de hecho, un enfrentamiento con el ministro de Universidades, Manuel Castells , cuando decidió defender los exámenes telemáticos después de haber hecho lo contrario. Los rectores enviaron entonces un contundente comunicado en el que manifiestaron su frontal rechazo a la medida de Castells. «La vocación de servicio que profesamos todos los miembros de la comunidad universitaria nos impide rendirnos ante el populismo y el mensaje fácil. Muchos de los integrantes de los equipos de gobierno de las universidades han tenido que soportar en estas semanas una presión, en algunos casos a nivel personal, que es injustificable e intolerable», dijo la CRUE.