La nueva X con la que las empresas deben decidir si ayudan a la sociedad

Las compañías escogerán en julio si destinan el 0,7% a iniciativas solidarias

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Las casillas con las que los contribuyentes pueden ceder un 0,7% de sus impuestos a fines sociales, a la Iglesia o a ambas son ya un clásico a la hora de afrontar cada año la declaración de la Renta. Pero en este ejercicio una nueva X cobra protagonismo. En su liquidación del Impuesto de Sociedades, que deberán presentar en julio, las empresas también pueden decidir, por primera vez, marcar o no una casilla para destinar el 0,7% de este tributo a fines sociales. Se trata de una medida que el último Gobierno de Rajoy introdujo como una disposición adicional en los Presupuestos de 2018. Se impulsó después de que una sentencia del Tribunal Constitucional resolviera a favor de la Generalitat y determinara en enero de 2017 que el 80% de la recaudación del IRPF para fines sociales debe ser gestionado por las Comunidades autónomas, y solo el 20% por la Administración Central. El fallo podía suponer una merma importante en la financiación de proyectos de entidades de ámbito estatal, situación que la nueva casilla en la liquidación de Sociedades trata de solventar.

Elena Rodríguez, directora de la plataforma del Tercer Sector, entidad que actúa como altavoz de las grandes ONG del país y promovió esta nueva medida, reconoce el avance que supone que esta opción se recoja en el Impuesto de Sociedades, aunque lamenta que la fórmula escogida sea algo ambigua e inexacta: «Hacienda ha diseñado la X para el formulario de este año, que se liquida entre los días 1 y 25 de julio, pero ha redactado el texto que acompaña a la casilla como “otras opciones”». Las empresas ignoran a qué van a ir destinados esos recursos porque la fórmula «otras opciones» da pie a múltiples y confusas interpretaciones, colige.

CEOE y Cepyme se han mostrado desde el principio favorables a una medida que es «a coste cero» tanto para Hacienda como para las empresas. «Cristóbal Montoro y después María Jesús Montero fueron partidarios de esta X solidaria; ahora nuestro objetivo debe ser trabajar para darla a conocer entre el empresariado y que éste se vuelque, porque al final ese dinero se traduce en ayuda social», explica a ABC la directora de la plataforma del Tercer Sector. Esta organización, que representante a entidades tan importantes como Cáritas, ONCE y Cruz Roja, además de las Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES), la del Voluntariado y Cermi (de la Discapacidad), entre otras, pide también que se confeccione una suerte de «sello» que distinga a las empresas solidarias que decidan marcar la nueva casilla. De alguna manera, ese distintivo serviría para crear «una competencia sana» entre compañías el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Pero la principal petición del Tercer Sector a la Administración es definir «un reglamento que desarrolle este impuesto y su gestión, que diga qué es la medida, quién se puede beneficiar de ella, qué proyectos vana ser financiados, cómo se puede concurrir, en qué periodo y plazos...», un objetivo frenado por la situación política y el horizonte electoral.

Para Rodríguez, en épocas de vacas flacas (no tan lejanas en el tiempo), se desdeña en parte la labor que hacen las entidades de acción social. Como ejemplo clarificador, se remonta a 2013 cuando soplaban con fuerza los aires de la crisis. «Fue el momento cumbre de demandas de atención a las ONG agrupadas en la Plataforma del Tercer Sector. Hasta 53 millones de atenciones directas (algunas personas solicitan ayuda varias veces y para varias personas de la familia, lo que se llama «demandantes múltiples») llegaron a efectuar ese año dichas entidades. «Con la crisis, sentimos que todo se desmoronaba», reconoce. Las entidades de acción social lo han pasado mal en su lucha por asistir a personas vulnerables. Pasada la desaceleración tormentosa, Rodríguez siente que la parálisis y el desconcierto político ha acabado por dilapidar parte de sus energías. No ayuda que no haya prespuestos, se prorroguen, haya tantos saltos de gobierno y convocatorias de elecciones generales...

Cantidades ridículas

Sin distingos entre partidos políticos, Elena Rodríguez alerta además de una «tentación preocupante» que se ha consolidado en los últimos dos años: se ha abierto el paraguas de la ayuda pública entre un mayor número de entidades y esto ha devenido en una caída drástica de la ayuda media que se otorga a cada proyecto social. «Hay proyectos que están recibiendo 145 euros, 158..., una ridiculez, porque no se pueden llevar a cabo ningún tipo de iniciativas con este presupuesto», explica la directora de la Plataforma del Tercr Sector. «Esto ha generado una gran preocupación en el sector. Estamos hablando de los 48 millones de euros recaudados en 2017 con el 20%de proyectos de implantación nacional. Si en 2016 se repartía entre 500 proyectos, en 2018 hubo 2.600 solicitudes para recibir los fondos», detalla Rodríguez. Por muy confusa que sea la fórmula «otras opciones», la nueva X en la casilla de Sociedades puede servir para despejar el panorama.

«Con la crisis sentimos que todo se desmoronaba», recuerda Elena Rodríguez, la directora de la Plataforma del Tercer Sector

«La medida es a coste cero tanto para el Ministerio de Hacienda, que ya con Cristóbal Montoro y luego con la ministra María Jesús Montero fueron partidarios de esta X solidaria, como para las empresas; pero debemos seguir trabajando para darlo a conocer entre el empresariado y que éste se vuelque, porque al final ese dinero se traduce en ayuda social», explica a ABC Rodríguez, que asegura «que siguen haciendo campaña» a pesar de que la elección de las compañías va a ser inminente.

La presidenta de la Plataforma, representante de entidades tan importantes en el país como Cáritas, ONCE y Cruz Roja, además de las redes de lucha contra la pobreza, la del Voluntariado y Cermi (de la Discapacidad), entre otras, demandó al Gobierno un cambio en la redacción de la casilla; también pidió que se confeccione una suerte de «sello» que distinga a las empresas solidarias que la marquen. De alguna manera, ese distintivo serviríra para crear «una competencia sana» entre compañías el ámbito de la responsabilidad social corporativa.

Para Rodríguez, en épocas de vacas flacas (y no está tan lejos en el tiempo), se desdeña en parte la magna labor que hacen las entidades de acción social. Como ejemplo clarificador, se remonta al año 2013 cuando soplaban con fuerza los aires de la crisis. «Fue el momento cumbre de demandas de atención a las ONG agrupadas en la Plataforma del Tercer Sector. Hasta 53 millones de atenciones directas (algunas personas solicitan ayuda varias veces y lo hacen para varias personas de la familia, lo que se llama «demandantes múltiples») llegaron a efectuar ese año dichas entidades. «Con la crisis, sentimos que todo se desmoronaba», reconoce.

En 2013 las ONG efectuaron 53 millones de atenciones directas a personas. La crisis pasó factura: «Parecía que todo se desmoronaba»

Las entidades de acción social lo han pasado mal en su lucha por asistir a personas vulnerables. Pasada la desaceleración tormentosa, Rodríguez siente que la parálisis y el desconcierto político ha acabado por dilapidar parte de sus energías. No ayuda que no haya prespuestos, se prorroguen, haya tantos saltos de gobierno y convocatorias de elecciones generales... La Plataforma sigue interactuando con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales para sacar adelante la tramitación del nuevo reglamento del tercer sector pero en periodo electoral esto parece no interesar tanto como otros asuntos más prolíficos en traducirse en votos.

Cantidades ridículas

Sin distingos entre partidos políticos, Elena Rodríguez alerta de una «tentación preocupante» que se ha consolidado en los últimos dos años: se ha abierto el paraguas de la ayuda pública entre un mayor número de entidades y esto ha devenido en una caída drástica de la ayuda media que se otorga a cada proyecto social.

Alertan de una tentación preocupante: repartir entre más entidades y con cantidades ridículas

En paralelo, la Plataforma del Tercer Sector ha observado otra problemática acuciante: «Hay proyectos que están recibiendo 145 euros, 158 euros..., una ridiculez, porque no se pueden llevar a cabo ningún tipo de iniciativas con este presupuesto». «Esto ha generado una gran preocupación en el sector. Estamos hablando de los 48 millones de euros recaudados en 2017 con el 20%de proyectos de implantación nacional. Si en 2016 se repartía entre 500 proyectos, en 2018 hubo 2.600 solicitudes para recibir los fondos», detalla Rodríguez.