«Me niegan la formación para un empleo por hablar castellano»

En el caso de Carmen G. H. (nombre ficticio), ciudadana de origen panameño de 56 años que vive en Vallfogona de Balaguer (Lérida), esas trabas le han conducido, según denuncia a ABC, a abandonar las sesiones y, como consecuencia, «a renunciar a poder acceder a un empleo que lleva tiempo anhelando». Además, el SOC, que depende del departamento de Trabajo de la Generalitat, la ha penalizado por darse de baja por lo que entienden que «no es una causa justificada». Eso supone, en la práctica, que no podrá matricularse en seis meses en ningún otro curso. « Por no hablar catalán me han impedido formarme para acceder al empleo que quiero» , señala.

Cuando se afincó en Cataluña procedente de Panamá, en 2017, Carmen no imaginaba que el hecho de no hablar catalán podría complicarle la vida. «Las cosas no estaban como ahora. Imaginé que hablando español no tendría ningún problema», indica. «Vi que habían cursos financiados por la administración de Gestión Administrativa, que era la formación que se reclamaba en muchos empleos a los que quería optar», explica. Encontró la horma de su zapato laboral y decidió inscribirse al curso del SOC, con una duración de ocho meses. Antes de formalizar la inscripción, le hicieron someterse a un examen para determinar si era apta. Curiosamente, el examen fue en castellano. «No se entiende, pasando lo que me pasó después, que el filtro para acceder al curso fuera en español», dice.

Los problemas se intuyeron el segundo día de clase. « Le pedí al profesor si podía darme las explicaciones y el material en castellano, pero se negó e incluso fue desagradable », dice Carmen. La única respuesta que obtuvo fue: «Aprende catalán». La dirigieron al Consorcio de Normalización Lingüística . Finalmente, en febrero se dio de baja del curso y, al notificarlo, los servicios territoriales del SOC le indicaron que la penalizaban.

Eva (nombre ficticio), de 39 años y alumna del mismo curso, ratifica la versión de Carmen. «Varias hispanohablantes pensamos denunciar pero al ver como han ido las cosas nos frenamos», reconoce. « Lo que más nos duele es que el Ministerio esté detrás », subraya esta joven que ha decidido seguir en clase con la ayuda de un traductor simultáneo.

La asociación Hablamos Español ha acompañado a Carmen en todo el proceso. En diciembre presentó una queja ante el Ministerio denunciando los hechos y pidiendo a la Administración que tomase medidas. Reclamó, asimismo, que se les facilitase el material didáctico correspondiente en castellano y que no se les penalice por dejar los cursos. El Ministerio les derivó a la Generalitat, que hizo oídos sordos y se escudó en la Ley de Política Lingüística de 1997. Una vez más, Cataluña impone la lengua a las necesidades educativas y sociales, denuncian. El Ministerio, pese a ser parte implicada en el conflicto, «ha hecho como quien oye llover». La asociación elevará su denuncia mañana ante el Defensor del Pueblo.

El argumento del SOCpara denegar la petición de la alumna se basa en la norma del Govern que establece las bases para la concesión de ayudas a estos cursos (TSF/179/2018). Según ha podido comprobar ABC, el apartado 5.8 de la orden aclara que «se debe utilizar normalmente el catalán como lengua vehicular» y los materiales didácticos deben estar «al menos» redactados en esta lengua. Eso, según Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, «no excluye el uso del español». Además, en el protocolo del SOC consta que este servicio debe «velar por el buen funcionamiento de los cursos y por el respeto de los derechos y de las obligaciones del alumnado y de los centros ». ABC ha pedido su versión al responsable de la formación pero no ha obtenido respuesta.