José Carlos Gómez Villamandos
José Carlos Gómez Villamandos - ABC

«Necesitamos leyes estatales para frenar los agravios comparativos entre universidades»

José Carlos Gómez Villamandos es rector de la Universidad de Córdoba y ha sido elegido ayer nuevo presidente de Crue Universidades Españoles, el principal interlocutor entre las universidades y el gobierno central

MADRIDActualizado:

CRUE Universidades Españolas es el principal interlocutor de las universidades con el gobierno (integra a 50 instituciones públicas y 26 privadas). Los rectores de la Crue eligieron ayer, por 69 votos a favor y uno en blanco a José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba, como su nuevo presidente.

Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la citada universidad, Gómez Villamandos se doctoró en veterinaria y ha desempeñado varios cargos en su universidad, muchos vinculados con la investigación además de haber sido presidente de la comisión sectorial de I+D+i de la Crue así como de la Asociación de las Universidades Públicas de Andalucía. Conocido por sus ganas de hacer más que de anunciar, sus allegados aseguran que tiene «vocación institucional» y la clara intención (al igual que su predecesor, Roberto Fernández) de poner a la universidad en la agenda política. Entre sus retos están la aprobación de una ley de universidades y una ley de financiación que frenen «la discriminación de las universidades entre comunidades y dentro de estas». Gómez Villamandos no ha titubeado en criticar algunos aspectos del recién aprobado por el Gobierno estatuto del personal investigador en formación: «Se cambiaron cosas del acuerdo sin que se informara a la universidad» o el de la cotización por las prácticas en las empresas: «Crean una distorsión del sistema tremendo», aseguró en declaraciones exclusivas a ABC.

En su curriculum hay una larga lista de cargos vinculados con la investigación. ¿Piensa trasladar ese bagaje a la Crue?

CRUE ya tiene ese bagaje dentro, como tienen que tenerlo las universidades. Lo que tenemos que hacer desde Crue es apoyar esa investigación. Debemos tener una interlocución con el Gobierno para tener una financiación plurianual que permita un incremento presupuestario y así se pueda hacer investigación de verdad en el país.

Su predecesor pidió más financiación en general y denunció que los recortes no se han revertido todavía. ¿Comparte esta opinión?

Totalmente. Necesitamos una ley de financiación. No podemos seguir con un sistema de distribución de los fondos teniendo en cuenta solamente a los estudiantes. También debe permitir la formación de buenos profesionales, buenos ciudadanos, así como contribuir al desarrollo económico y social.

¿Por qué no se financia si es tan importante?

No se ha apostado porque nos falta un Pacto de Estado por la Educación. Su ausencia hace que cada gobierno, cada cuatro años aplique una política que contraviene a la anterior.

¿Su idea es continuar las líneas del anterior presidente?

Su labor ha sido espectacular. Ahora debemos concretar lo empezado y además de esa ley de universidades que pueden tardar por el proceso legislativo, debemos lograr modificaciones a través de reales decretos que ayuden a la universidad a funcionar.

¿Por ejemplo?

El estatuto del personal investigador en formación (EPIF) fue impulsado por las universidades, desde Crue. El EPIF es positivo, se llegó a un acuerdo para su redacción, pero entre esta y su aparición en el BOE hubo un periodo de exposición pública donde se cambiaron cosas sin que se informara a la universidad. Había dos aspectos fundamentales: uno es que se disminuye la posible actividad docente de ese personal, con lo cual estás comprometiendo su carrera académica, y el otro problema es el presupuestario. El gobierno lo hizo pensando que se iban a aprobar los presupuestos. En cuanto al decreto de la cotización de las prácticas, crean una distorsión del sistema tremendo. Ya no solo que haya que pagar y quién paga es un problema, sino también que el sector empresarial está diciendo que lo paguen las universidades y nos vamos a beneficiar las dos partes. Necesitamos, también, una ley de financiación de la ciencia y que tanto la ley de contratación de personal como la ley de contratos del sector público no coarten como coartan la actividad investigadora.

A parte del Estado, ¿cuál es el papel de las comunidades con sus universidades?

Cada una es un mundo. Por eso necesitamos leyes estatales para evitar agravios comparativos, discriminación entre una universidad y otra (ya sea por comunidades, como dentro de estas). Por ejemplo, hay una universidad en Andalucía a la que la tasa de reposición tal y como está no le sirve de nada pero las demás hemos respirado. ¿Por qué? Por la propia estructura de esa universidad. Necesitamos un marco normativo que minimice efectos de este tipo.

¿Qué opina del Gobierno?

Estamos contentos con cualquier gobierno que nos escuche. No hay ideología sino la necesidad de que la universidad sea la apuesta de futuro de un gobierno. Si esto no es así nos quejaremos. Tanto con el gobierno anterior (del PP) como con el actual hemos llegado a acuerdos.