Murcia propone que haya excepciones en la asistencia a enfermos crónicos

Y es que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas estudian una vía para que los inmigrantes sin papeles , que desde el próximo 1 de septiembre se quedarán sin cobertura sanitaria, paguen por recibirla en la sanidad pública mediante convenios. Según explica Sanidad, se trata del desarrollo del Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de agosto. Esta norma establece que las personas que no reúnan la condición de asegurado o beneficiario del sistema podrán formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria.

Palacios dice que la propuesta enviada por el Gobierno central es «un primer borrador», y que las comunidades autónomas tienen de plazo lo que queda del mes de agosto para plantear modificaciones a la norma. La consejera ha señalado que el punto «más conflictivo» parece que «está centrado en ese tipo de convenios especiales que habría que desarrollar y que, por su puesto, pensamos que deben de ser comunes para todo el territorio nacional». El interés del Gobierno regional es que cada comunidad «pueda aportar las circunstancias especiales que tenga, pero muchas de ellas se repiten en otras».

El objetivo, según Palacios, es que esas particularidades se recojan en ese desarrollo de decreto y que, por tanto, esos convenios especiales sean los mismos para toda España , «y en eso estamos trabajando». La consejera ha precisado que este tema «había que desarrollarlo dentro del decreto de medidas que adoptó el Ministerio de acuerdo con todas las comunidades, y faltaban por desarrollar determinados puntos sobre el aseguramiento». Además, ha confirmado que «hay un borrador en el que está trabajando en el Ministerio y que va a remitir a las Comunidades para que hagan sus sugerencias al mismo en el menor tiempo posible para tener el desarrollo de ese aseguramiento».

El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados , Manuel Cervera, ha asegurado hoy que las reformas sanitarias que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy cumplen con los dictámenes exigidos por la Unión Europa . Esta declaración ha sido debatida por su homólogo socialista en la Cámara Baja, José Martínez Olmos, quien ha tachado al Ejecutivo de no tener «alma» con respecto a los inmigrantes sin papeles.

Ambos portavoces se han pronunciado así en una entrevista en la Cadena Ser después de que se conociera que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad esté barajando la posibilidad de hacer pagar, mediante convenios, 710 euros a los inmigrantes menores de 65 años y 1.864 euros a los mayores de esa edad, para obtener asistencia en la sanidad pública española. Una iniciativa que, según ha asegurado Cervera, permite igualar a España al resto de los países de su entorno, especialmente a Francia, Italia y Reino Unido y, al mismo tiempo, «cumplir» con las exigencias marcadas por la Unión Europea y por el Tribunal de Cuentas.

Ahora bien, el dirigente 'popular' ha señalado que la medida planteada por el Departamento que dirige Ana Mato es «menos radical» que, por ejemplo, la aprobada en el Reino Unido donde las mujeres inmigrantes embarazadas menores de 18 años no tienen derecho a la asistencia sanitaria. Un hecho que, ha apostillado, sí está contemplado en la legislación española. «El Gobierno está tratando de r eformar y regularizar el sistema sanitario para que todos los españoles puedan disfrutar de él durante mucho tiempo. Por tanto, se están tomando decisiones para sacar a España de la crisis económica y para hacer sostenible en el tiempo el Sistema Nacional de Salud (SNS)», ha recalcado Cervera.

El portavoz del PP ha insistido en que el Ejecutivo va a «vigilar y atender» a todos los pacientes que acudan a Urgencias y ha asegurado que se va a trabajar para intentar regularizar a las personas que se encuentran en situación irregular en España. Por ello, ha denunciado que el PSOE esté utilizando argumentos «demagógicos» para criticar el Decreto Sanitario del Gobierno y ha denunciado que está creando una «alarma social» cuando, ha insistido, «los planes de prevención y la atención a las enfermedades infecciosas están totalmente cubiertos por el Decreto» ya que «no se ha modificado» la Ley General de Salud Pública.

«Los socialistas tratan de poner límites de la moralidad cuándo y dónde les conviene», ha recalcado Cervera, tras asegurar que el Gobierno está en «constante diálogo » con el resto de las fuerzas políticas y, especialmente, con el PSOE dado que ha estado gobernando durante los últimos ocho años y «conocía» que el SNS era «insostenible». Estas declaraciones han sido rechazadas por el portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, que ha asegurado el Gobierno no ha mantenido «ni un sólo segundo» un diálogo con el PSOE para consensuar los «radicales» cambios que ha llevado a cabo en la organización de la sanidad pública y ha señalado que la situación que ha dejado el Ejecutivo a los inmigrantes es «injusta, cara e insegura».

En este sentido, Martínez Olmos ha recordado que las enfermedades infecciosas y mentales que puedan tener este colectivo no van a ser atendidas dado que «quedan fuera de la barrera del precio que han marcado» y que, además, «es demasiado costosa incluso para muchos españoles». Por estos motivos, el dirigente socialista ha calificado al Gobierno de «no tener alma» porque está «desmantelando» el Estado del Bienestar sin asegurar que estas medidas vayan a suponer un ahorro o vayan a generar «más seguridad» a los ciudadanos españoles. «El Gobierno del PP ha conseguido en sólo siete meses que la ciudadanía esté preocupada por la Sanidad, cuando nunca lo ha estado en los últimos 30 años », ha comentado para zanjar felicitando a los gobiernos de Andalucía, Cataluña y País Vasco porque «saben que por razones de equidad, de seguridad a los ciudadanos y de salud pública merece la pena seguir ofreciendo cobertura a todas las personas independientemente de cuál sea su situación administrativa en España».

Por su parte, Cáritas ha reclamado el derecho a la salud de las personas más vulnerables tras conocer la decisión del Gobierno de establecer el pago de la cuota. «Cáritas insta al Gobierno y partidos políticos a una reflexión profunda sobre las consecuencias de las decisiones tomadas sobre el derecho a la salud y las consecuencias sobre el mismo del decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones», explica en un comunicado. La organización católica lamenta que estas medidas se estén adoptando « sin evaluar el impacto sobre el sistema de garantías de derechos en el que se sustenta la sociedad, ni su repercusión sobre los ciudadanos más débiles a los que también el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales ».

Cáritas insiste en que la reforma «supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas , tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios (modificando los requisitos para obtener autorización de residencia), aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y el riesgo de exclusión social». «El incremento de la irregularidad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo hace que el colectivo de personas en esta situación crezca cada día », recuerda la organización.

Para Cáritas, «se trata del inicio de una dualización del sistema sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca». «Se están sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables, una fórmula hacia la que Cáritas ha manifestado reiteradamente su rechazo al poner en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario» para toda la población, concluye.